La Unión Europea estaría trabajando en una nueva normativa que podría marcar un punto de inflexión decisivo para el mercado automovilístico europeo. Según informaciones exclusivas del diario alemán Handelsblatt, Bruselas estaría diseñando una medida fiscal de gran alcance que afectaría directamente a los vehículos con motor de combustión interna, es decir, tanto diésel como gasolina.
La iniciativa no supondría una prohibición directa de venta, pero sí una retirada progresiva de incentivos que, en la práctica, aceleraría de forma notable el fin de este tipo de motorizaciones en el mercado europeo.
Desincentivar la compra de modelos con emisiones
El elemento central de la propuesta sería la eliminación de las ventajas fiscales asociadas a los coches de empresa con motor de combustión a partir del año 2028. Esta categoría de vehículos incluye no solo los turismos corporativos, sino también los modelos de renting y las flotas de alquiler, lo que hace que el alcance de la medida sea considerable. Según los datos recogidos por el medio, esta tipología de vehículos representa aproximadamente el 60 % de todas las matriculaciones de coches nuevos en la Unión Europea, lo que a efectos prácticos significa que cualquier cambio normativo en este segmento tendría un impacto estructural en el conjunto del mercado.
El movimiento tendría lógica como parte de la estrategia de la Comisión Europea, que ha establecido una serie de objetivos que busca reducir de forma drástica las emisiones del transporte en las próximas décadas. La fecha marcada en el calendario es 2035, cuando se prohibirá de manera oficial las ventas de venta de coches nuevos con emisiones de CO2, pero parece que la UE estaría preparando el terreno para acelerar el proceso.
No solo eso, con esta medida se conseguiría una transición hacia el vehículo eléctrico más temprana y que no dependería únicamente de prohibiciones directas, sino que utilizaría mecanismos económicos que harían progresivamente menos atractiva la compra de coches con motor de gasolina o diésel. Aunque no habría una orden de prohibir su venta, si que se crearía un marco que desalentaría su compra.
La realidad del mercado europeo
Sin embargo, el enfoque de Bruselas está algo desubicado, ya que los objetivos medioambientales europeos no casan con la realidad industrial del sector automovilístico. Aunque este atraviesa un proceso de transformación profunda, con fuertes inversiones en electrificación, el mercado no está respondiendo y las ventas de coches eléctricos, aunque crece de manera considerable en términos porcentuales, no lo hace tanto en términos absolutos.
En este contexto, las políticas de incentivo y desincentivo jugarían un papel clave para orientar el mercado hacia los mayores niveles de electrificación, pero supondría también una presión añadida ante la que es difícil adivinar como respondería el sector.
De llevarse a cabo, es innegable el impacto indirecto que tendría sobre el conjunto del parque automovilístico. Al concentrarse la medida en el mercado de empresas y flotas, que supone una parte mayoritaria de las matriculaciones nuevas, la renovación del parque se vería acelerada hacia tecnologías eléctricas o de bajas emisiones. De esta manera, aunque los particulares no estén directamente afectados, como a los pocos años son los que acceden a los coches de flotas bajo el formato del kilómetro cero o la segunda mano, tendrían que optar por estas mecánicas, ya que no habría coches disponibles con otros sistemas de propulsión.