El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes 27 de enero la convalidación del Real Decreto-ley 16/2025 y, al no prosperar, el texto queda derogado y deja de producir efectos jurídicos. La votación se ha resuelto con 178 votos en contra y 171 a favor.
En automoción, la principal consecuencia es que decae el marco que extendía a 2026 la deducción en el IRPF vinculada a la compra de vehículos electrificados con enchufe y a la instalación de puntos de recarga en vivienda. Esa prórroga figuraba en el propio articulado del Real Decreto-ley 16/2025.
ANFAC pide certidumbre inmediata
Tras el rechazo parlamentario, ANFAC ha reclamado que se active con urgencia el anunciado Plan Auto+ y que se recupere la deducción fiscal, ambas medidas con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La patronal subraya que la estabilidad y la visibilidad de las ayudas son clave para que el comprador no frene decisiones de compra.
El mensaje de los fabricantes añade una advertencia clara sobre el daño potencial de un parón en las matriculaciones en un momento de transformación industrial y de presión regulatoria por los objetivos climáticos europeos, además del riesgo de alimentar la desconfianza del ciudadano hacia las nuevas tecnologías si las reglas cambian a mitad de partido.
ANFAC enmarca su petición en el cierre de 2025, año que califica de hito al superar las 245.000 unidades de vehículos electrificados, con una cuota cercana al 18% del mercado, lo que en su lectura acerca por primera vez a España a la media europea.
La patronal vincula ese avance a una combinación de palancas, entre ellas las ayudas del Moves III, la deducción estatal del IRPF y el apoyo adicional de algunas comunidades autónomas mediante incentivos propios. El argumento de fondo es que, sin continuidad, la curva de adopción puede aplanarse justo cuando empieza a coger tracción.
En la letra de la deducción, la norma establecía un 15% sobre el valor de adquisición del vehículo, con una base máxima de 20.000 euros, lo que deja el incentivo en un máximo teórico de 3.000 euros. La base incluye gastos y tributos asociados a la compra y exige descontar cuantías subvencionadas por programas públicos.
Para los puntos de recarga, el esquema también fijaba un 15% sobre las cantidades satisfechas, con una base máxima anual de 4.000 euros, lo que sitúa el máximo teórico en 600 euros. Además, se acota el pago a medios trazables como tarjeta o transferencia y se excluye el efectivo.
A corto plazo, el mercado queda a expensas de que el Gobierno articule una nueva norma que reponga el incentivo y de si finalmente lo hace con retroactividad desde el 1 de enero, tal como reclama ANFAC. Hasta que eso ocurra, la compra y la instalación de recarga pierden un elemento de cálculo que muchos particulares daban por hecho para 2026.