Hartos de que la baliza V16 de la DGT sea un arma de polarización para políticos, los fabricantes españoles se unen para pedir un poco de sensatez

El sector de fabricantes de balizas V16 alza la voz contra los mensajes confusos y el uso politizado que se hace del dispositivo.

baliza v16
La baliza V16 ha generado mucha polémica.
16/04/2026 14:30
Actualizado a 16/04/2026 15:43

La implantación de la baliza V16 conectada como sustituto de los tradicionales triángulos de emergencia ha sido uno de los cambios más relevantes en la movilidad en España en los últimos tiempos. No tanto por lo que significa a efectos prácticos, que no es apenas nada, si no por todas las controversias que se han generado a su alrededor. Y es que, lejos de establecerse como una medida clara, ha generado un escenario de incertidumbre que preocupa tanto a los usuarios como a la propia industria.

Ante esta situación, los principales fabricantes españoles de estos dispositivos han decidido unirse para lanzar un comunicado con un mensaje común sobre el dispositivo: hace falta claridad, pedagogía y, sobre todo, despolitización.

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Muchos usuarios siguen sin saber si su uso es obligatorio.

Una situación confusa para el usuario

Agrupados en el denominado Grupo de Trabajo Sector V16 Conectada, denuncian que en los últimos meses se ha producido un contexto de desinformación que está afectando directamente a millones de conductores. Afirman que los mensajes contradictorios, las interpretaciones diversas de la normativa y la falta de comunicación clara por parte de las instituciones han dificultado que los ciudadanos comprendan qué dispositivo deben utilizar y cómo actuar correctamente en caso de avería o accidente.

Desde el 1 de enero, la normativa establece la obligatoriedad de llevar una baliza V16 conectada, pero según los datos que maneja el sector, más de la mitad del parque móvil español se encontraría en una situación de incumplimiento y, según el texto, muchos lo harían directamente desde el desconocimiento. El grupo de trabajo afirma que muchos conductores desconocen qué modelos cumplen con los requisitos exigidos, cómo deben utilizarlos o incluso si están obligados a sustituir los sistemas actuales.

Esta falta de información no solo genera inseguridad jurídica, sino que también puede traducirse en riesgos reales en carretera, como apuntan señalando que el aumento de atropellos en periodos de alta movilidad, como la Semana Santa, podría estar vinculado con una utilización inadecuada de las balizas o con la falta de coordinación en las comunicaciones asociadas a estos sistemas conectados.

Un uso politizado del dispositivo

Uno de los puntos más críticos que señalan los fabricantes es la politización de la baliza V16. Recuerdan que se trata de una medida desarrollada a lo largo de años, con un marco regulatorio iniciado en 2014 y consolidado mediante diferentes reales decretos, que además tiene respaldo a nivel europeo. Por ello, señalan que “transformar una medida de seguridad vial, diseñada para salvar vidas, en un elemento de confrontación política resulta irresponsable”.

A este respecto, otro de los aspectos que más confusión está generando es el relativo a las sanciones. En las últimas semanas, distintas declaraciones públicas han sembrado dudas sobre si es obligatorio o no llevar una baliza conectada y qué consecuencias tiene no hacerlo. Esta ambigüedad, según el sector, debilita la percepción de obligatoriedad y puede hacer que los conductores tomen decisiones erróneas, tanto desde el punto de vista legal como de la seguridad.

Más allá del impacto en la seguridad vial, el sector también pone el foco en las consecuencias económicas e industriales, que es uno de los que más les interesan, claro está. Exponen lo siguiente: “Esta situación no solo tiene implicaciones directas sobre la seguridad vial y la protección del consumidor, sino también sobre un sector industrial español que ha realizado importantes inversiones en innovación, producción, empleo y desarrollo tecnológico al amparo de un marco normativo definido. Preservar la confianza en ese marco es también una cuestión de seguridad jurídica, competitividad y país”.

Ante este escenario, reclaman medidas concretas. En primer lugar, exigen campañas de información rigurosas, claras y sostenidas en el tiempo que permitan a los ciudadanos entender sus obligaciones. También piden un compromiso institucional firme que deje al margen el debate político y sitúe la seguridad vial como prioridad. Por último, reclaman una comunicación normativa coherente y alineada que aporte estabilidad tanto a los conductores como a la industria.