En Ibiza, una conductora ha sido denunciada por la Guardia Civil por difundir, a través de un grupo de Telegram, la existencia de un control de tráfico en la carretera EI-200, una acción que puede acarrear sanciones de entre 601 y 30.000 euros por uso no autorizado de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El operativo tuvo lugar el pasado sábado en el municipio de Santa Eulària des Riu, según han informado fuentes oficiales del Instituto Armado.
No es tan fácil ‘engañar’ a la Guardia Civil
Los hechos se produjeron cuando agentes de la Guardia Civil de Santa Eulària des Riu realizaban un punto de verificación de vehículos y personas en la citada carretera. En un momento determinado, detuvieron un turismo ocupado por dos mujeres, a las que identificaron y permitieron continuar su marcha tras la verificación de sus datos. Minutos después, los agentes advirtieron una notable disminución del tráfico en esa vía principal y observaron que varios turismos optaban por una vía vecinal paralela para evitar el control.
Frente a esa situación, los guardias civiles localizaron un mensaje en un grupo de mensajería de Telegram cuyo objetivo era alertar sobre incidencias en las carreteras de Ibiza. En el chat, identificado como un espacio donde se comparten avisos de tráfico e incidentes, se había difundido que en la rotonda de Santa Eulària se estaba realizando un control policial, información que coincidía con la ubicación del operativo en curso. Tras las indagaciones, las autoridades determinaron que la autora del mensaje era una de las mujeres que se había identificado anteriormente en el control, por lo que se procedió a iniciar los trámites para su denuncia.
La denuncia se ha formulado por una infracción grave de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, concretamente por el artículo 36.23, que sanciona el uso no autorizado de información relativa a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y conductas que puedan poner en riesgo su integridad o comprometer el éxito de un operativo policial. La sanción establecida para este tipo de infracción puede ir desde 601 € hasta 30.000 €, dependiendo de la gravedad y del perjuicio causado.
La Guardia Civil ha subrayado que la difusión de este tipo de datos, incluida la localización de controles en tiempo real, no está permitida y que su uso inadecuado puede socavar la eficacia de los operativos de seguridad vial, así como poner en peligro tanto a los agentes como a otros conductores. Alertar de controles de alcoholemia, drogas o documentación mediante mensajes en redes o grupos de mensajería es considerado un acto que puede facilitar la elusión de estos dispositivos preventivos y, por ende, impactar negativamente en la seguridad en carretera.
El uso de grupos de mensajería para alertar a otros conductores
El uso de grupos de WhatsApp o Telegram para intercambiar información en tiempo real sobre la ubicación de controles policiales o radares ha sido objeto de advertencias por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) y otros órganos de seguridad. Aunque no existe una regulación específica enfocada exclusivamente a sancionar la simple advertencia de presencia de radares fijos (que es legal si la información es pública) la difusión de operativos en curso que involucran a las fuerzas de seguridad se considera una infracción grave en virtud de la legislación vigente, como se ha puesto de manifiesto con la actuación en Ibiza.
En algunos casos, proyectos legislativos en tramitación habían previsto la introducción de sanciones específicas para administradores de grupos que alerten de controles y radares, con multas propuestas que podrían alcanzar entre 6.000 y 20.000 €, pero estas medidas aún no se han concretado en una norma con fuerza de ley. Independientemente de ello, el caso de Ibiza demuestra que la aplicación de la normativa de seguridad ciudadana puede extenderse a comportamientos online que comprometan operativos policiales.
Desde la Guardia Civil han recordado que la difusión no autorizada de datos sobre operativos en curso no solo vulnera la ley, sino que también puede “poner en riesgo la seguridad del operativo y de terceros”, al facilitar que otros conductores eviten controles destinados a detectar infracciones graves como la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la falta de documentación o la presencia de vehículos no asegurados.
La central de la Guardia Civil en Baleares también ha recordado a la ciudadanía que la información sobre la ubicación de radares fijos es pública y se puede consultar a través de canales oficiales de la DGT o aplicaciones de navegación, pero que avisar de controles en curso sin autorización es una práctica que puede acarrear consecuencias legales severas.