China es la mayor potencia de coches eléctricos del mundo y, desde el 1 de julio, también cuenta con la normativa sobre baterías más exigente del mundo. Las nuevas reglas obligan a fabricantes de automóviles y proveedores de baterías a demostrar que sus sistemas son capaces de evitar incendios o explosiones incluso en caso de sufrir un fallo térmico, un cambio que supone un salto en la seguridad que, por la expansión de sus marcas, también va a dejarse notar en otras regiones del mundo como Europa.
Las dos nuevas normas nacionales, identificadas como GB 38031-2025 y GB 18384-2025, endurecen de forma significativa los requisitos de seguridad tanto para las baterías de tracción como para los propios vehículos eléctricos. Hasta ahora, la legislación china exigía que los fabricantes fueran capaces de detectar un posible incidente y avisar al conductor con al menos cinco minutos de antelación antes de que pudiera producirse un incendio o una explosión. A partir de ahora ese margen deja de ser suficiente: el objetivo pasa a ser que una batería que entre en fuga térmica no llegue a incendiarse ni explote en ningún caso.
Una normativa mucho más estricta
Para acreditar el cumplimiento de este requisito, los fabricantes deberán superar nuevas pruebas de homologación que simulan la propagación térmica dentro del paquete de baterías. Además de impedir el fuego o la explosión, cualquier humo generado durante el incidente no podrá poner en riesgo a los ocupantes del vehículo, un aspecto que hasta ahora no estaba contemplado con ese nivel de exigencia.
Pero la actualización de la normativa no se limita al comportamiento de las celdas, también incorpora nuevos ensayos destinados a comprobar la resistencia estructural de las baterías frente a impactos en los bajos del vehículo. Es una prueba especialmente relevante ahora que muchos fabricantes integran el paquete de baterías como parte de la estructura del automóvil mediante diseños “cell-to-body”. Además, las baterías deberán demostrar su resistencia tras completar 300 ciclos de carga rápida antes de ser sometidas a pruebas de cortocircuito, con el objetivo de verificar que mantienen sus niveles de seguridad incluso después de un uso intensivo.
Respecto a las exigencias que afectan directamente al propio vehículo, la nueva normativa obliga a incorporar un sistema físico de desconexión del circuito de alta tensión mediante un único accionamiento manual. Hasta ahora, el corte de corriente dependía en la mayoría de los casos del software de control del vehículo, lo que podía plantear problemas si un accidente dañaba la electrónica principal. Con el nuevo requisito se busca garantizar que el sistema eléctrico pueda aislarse incluso en situaciones extremas.
Unas consecuencias que no se van a hacer esperar
Como cabría esperar, la entrada en vigor de estas normas va a tener un impacto importante sobre la industria china de las baterías y, por extensión, en el mundo entero. Los principales fabricantes, como CATL o BYD, que suministran también a otras empresas, aseguran disponer ya de tecnologías capaces de cumplir con los nuevos estándares, pero empresas de menor tamaño podrían encontrar mayores dificultades para asumir el incremento de inversión necesario en investigación, desarrollo y procesos de validación.
Será un factor que eleve la barrera de entrada para nuevos competidores y, sobre todo, que tendrá un impacto directo en los costes. Se estima que adaptar las baterías a la nueva normativa podría incrementar entre un 15 y un 20 % el coste de los sistemas de almacenamiento energético.
Otra de las consecuencias previsibles será el fortalecimiento de las baterías de litio-ferrofosfato (LFP) frente a las químicas centradas en el níquel. Las primeras presentan una mayor estabilidad térmica de forma natural, por lo que el esfuerzo técnico y económico para cumplir con los nuevos requisitos será menor. Esto podría reforzar aún más su posición en el mercado chino, donde ya representan la inmensa mayoría de las baterías instaladas en vehículos eléctricos.