España ha superado durante las últimas semanas una nueva barrera en el despliegue de la recarga pública. La red ya se mueve en el entorno de los 56.000 puntos operativos, una cifra que confirma la aceleración de las instalaciones y que también encaja con el último recuento publicado por AEDIVE a comienzos de junio.
El avance es especialmente relevante en un momento en el que las matriculaciones de eléctricos e híbridos enchufables continúan ganando peso. La infraestructura crece, la recarga de alta potencia gana presencia y cada vez hay más provincias cerca de cumplir los objetivos europeos, aunque el ritmo de puesta en marcha sigue siendo el principal problema del sector.
España suma más cargadores, pero una parte importante sigue sin poder utilizarse
El último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC sitúa la red de acceso público en 56.682 puntos operativos tras sumar 1.605 nuevos conectores durante el segundo trimestre. El crecimiento trimestral fue del 2,9%, una evolución positiva que mantiene la tendencia ascendente registrada desde comienzos de año.
La fotografía cambia cuando se analiza toda la infraestructura ya desplegada. En España hay 74.503 puntos de recarga pública instalados, pero 17.821 todavía no están en funcionamiento. Es decir, cerca de uno de cada cuatro cargadores construidos sigue sin poder prestar servicio a los conductores.
El sector lleva tiempo identificando el mismo cuello de botella: muchos proyectos terminan su parte física, pero quedan bloqueados entre permisos, trámites locales, autorizaciones y la conexión definitiva a la red eléctrica. No es sólo una cuestión de instalar más equipos, sino de conseguir que los ya construidos entren en servicio con plazos más previsibles.
La CNMC acaba de poner el foco precisamente en ese problema. El organismo propone simplificar y coordinar los procedimientos entre administraciones, impulsar reglas comunes y crear ventanillas únicas digitales para concentrar los trámites vinculados a la instalación y activación de nuevos puntos. También reclama mejorar la información disponible para comparar tarifas y facilitar el uso puntual de la recarga pública.
La recarga rápida y las ventas electrificadas empujan la parte positiva
El crecimiento de la red no se limita a los puntos de menor potencia. Durante el segundo trimestre se añadieron 337 cargadores de más de 250 kW, con lo que España alcanza ya 2.806 puntos de alta potencia. Es un segmento clave para los desplazamientos interurbanos y para reducir los tiempos de parada en trayectos largos.
Para quienes utilizan el coche eléctrico fuera de ciudad, esta mejora tiene un efecto directo: aumenta la presencia de estaciones capaces de recuperar una parte importante de autonomía en pocos minutos. El salto sigue siendo insuficiente para igualar a los mercados europeos más avanzados, pero confirma que la inversión está empezando a dirigirse también hacia la infraestructura necesaria para viajes de larga distancia.
El mercado también acompaña. Entre enero y junio se matricularon 141.143 turismos eléctricos e híbridos enchufables en España, un 37,9% más que en el mismo periodo de 2025. Estas tecnologías ya representan el 21,8% de las ventas de turismos, una cuota que explica buena parte de la mejora del indicador nacional de electromovilidad.
ANFAC sitúa el indicador global español en 26,9 puntos sobre 100, frente a los 25,4 puntos del trimestre anterior. La mejora es clara, aunque la media europea alcanza ya los 40,1 puntos y mantiene una distancia relevante respecto a España, especialmente en la penetración de vehículos electrificados.
España ya alcanza el 67% del objetivo de potencia para 2026
La evolución de la infraestructura también deja otro dato favorable. Según la metodología empleada por ANFAC a partir de los criterios de ACEA, España ya ha cubierto el 67% del objetivo de potencia de recarga previsto para 2026 dentro de la hoja de ruta europea Fit for 55.
Además, 22 provincias cumplen o superan ya el nivel de potencia requerido para atender al parque de vehículos electrificados. El avance demuestra que la red está creciendo de forma tangible, aunque siguen existiendo diferencias importantes entre territorios: otras diez provincias todavía se encuentran por debajo del 50% de su objetivo.
El reto, por tanto, ya no pasa únicamente por ampliar el número de cargadores. España necesita mantener el despliegue, reforzar la alta potencia en carretera y, sobre todo, evitar que miles de equipos instalados permanezcan meses sin activarse. La red avanza y el mercado responde, pero la velocidad administrativa seguirá siendo determinante para que esas inversiones lleguen realmente al usuario.