El Parlamento europeo y los Estados miembros de la Unión Europea han acordado los nuevos puntos clave de la Directiva de Vehículos Limpios, que establece los objetivos de emisiones que tendrán que cumplir las autoridades y empresas públicas europeas. Aunque aún no es oficial, se espera conseguir descarbonizar el transporte europeo, y, para ello, se ampliará la cuota de autobuses no contaminantes a entre el 24% y el 45% para 2025 y entre el 33% y el 66% para 2030, según las políticas de cada país, a su población y a su Producto Interior Bruto (PIB).
The car was invented in Europe and Europe must take the lead in re-inventing it.
— European Commission ???????? (@EU_Commission) 13 de febrero de 2019
We adopted new rules to promote clean vehicles in public procurement.
This will contribute to cleaner air for citizens.
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El punto central de los objetivos pasa por la adquisición de autobuses de cero emisiones, es decir, totalmente eléctricos. Con ellos se espera cumplir con la mitad del cupo, mientras que la otra mitad correspondería a reducir el impacto medioambiental a través de autobuses propulsados por gas, según establece la nueva Directiva revisada por el regulador europeo Transport&Environment. Esto significaría que casi una cuarta parte de los autobuses recién adquiridos por la red de transporte público europea tendrán que ser completamente eléctricos.
La nueva normativa también contempla objetivos para los vehículos dedicados a la limpieza y para otros vehículos comerciales más pesados. De estos, y según el país, entre el 6% y el 10% deberán circular en modo bajas emisiones para 2025, un porcentaje que se ampliará a entre el 7% y el 15% cinco años después. Además, entre el 18,7% y el 38,5% de los coches y furgonetas que adquieran las autoridades y empresas públicas deberán cumplir con la proporción de menos de 50 gramos de dióxido de carbono por kilómetro en 2025. Para 2030, el objetivo es que estos vehículos estén completamente libres de emisiones.
La votación final está programada en el Parlamento Europeo para el próximo 6 de abril. La primera versión de la Directiva entró en vigor en 2009 con el objetivo de promover un mercado de transporte público compuesto por vehículos con eficiencia energética. La nueva revisión, que llegará diez años después, es una demanda de los principales grupos ecologistas europeos que siguen alertando de los amplios niveles de contaminación presentes en el aire de Europa.