Más de 105 millones de euros ingresados por sanciones entre 2022 y marzo de 2025 sitúan a las zonas de bajas emisiones en el centro del debate sobre la movilidad en la Comunidad de Madrid. La cifra aparece en un informe de la Cámara de Cuentas y se concentra, sobre todo, en la capital, donde el sistema de restricciones ha tenido un impacto mucho mayor que en el resto de municipios analizados.
El documento estudia la situación de Madrid, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid, aunque evita atribuir de forma directa los cambios de movilidad únicamente a las ZBE. Lo que sí refleja es una transformación clara del parque móvil y del uso del transporte público en los años posteriores a su implantación, con diferencias importantes entre ciudades.
Las multas avanzan mientras cambia el tipo de coche que se compra
Madrid capital es el caso más evidente. En el año anterior a la puesta en marcha de la ZBE se compraron 53.820 vehículos híbridos o eléctricos, mientras que en 2024 la cifra llegó a 382.980 unidades. La subida fue del 612%, apoyada también por las bonificaciones fiscales municipales, el avance de la red de recarga y la progresiva pérdida de atractivo de los coches diésel y gasolina sin electrificación.
El crecimiento también se repitió en Rivas-Vaciamadrid, con un incremento del 185%, y en Alcalá de Henares, donde las compras de este tipo de vehículos aumentaron un 52%. Fuenlabrada se desmarcó de la tendencia general, con un descenso del 41%, lo que introduce un matiz importante en la lectura del informe: la implantación de restricciones no ha producido el mismo efecto en todos los municipios.
La evolución encaja con un movimiento que ya se empezó a detectar hace años. Según datos de ANFAC, las ventas de vehículos híbridos, eléctricos y a gas en la Comunidad de Madrid crecieron un 93% entre el primer trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2019, muy por encima de Cataluña y Andalucía. En aquel momento, Madrid Central ya se había convertido en un argumento comercial recurrente para concesionarios y marcas.
El transporte público también gana peso, pero las ZBE no avanzan igual en todos los municipios
El informe de la Cámara de Cuentas también recoge un aumento del uso del transporte público. En Madrid, la demanda prácticamente se duplicó entre el último ejercicio previo a la ZBE y 2024. Alcalá de Henares y Fuenlabrada registraron subidas más moderadas, del 8,7% y del 7,2%, respectivamente, sin incluir en esas cifras el crecimiento del uso de la bicicleta.
La parte administrativa muestra una fotografía mucho menos uniforme. De los 19 ayuntamientos que sí respondieron al cuestionario de la Cámara de Cuentas, solo diez tenían regulada una ZBE vigente a 31 de marzo de 2025 y ocho la mantenían ya en funcionamiento. Torrejón de Ardoz y Tres Cantos preveían activarla meses después, mientras que Collado Villalba, Colmenar Viejo, Getafe, Parla y Valdemoro no remitieron la información requerida.
El contexto judicial añade otro elemento relevante. En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló elementos esenciales de la ZBE general de Madrid y de las dos zonas de especial protección. La resolución quedó firme el 21 de abril, después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid.
La falta de colaboración de varios municipios ha abierto además una discrepancia interna en la Cámara de Cuentas. Una consejera registró un voto particular en el que reclamó utilizar de forma más sistemática las medidas previstas por la ley ante los ayuntamientos que no aporten información, incluidas las multas coercitivas. El informe, por su parte, pide acelerar los proyectos técnicos y las ordenanzas pendientes para que las ZBE funcionen con un régimen sancionador completo.