La Fiscalía Europea (EPPO) lleva tiempo trabajando en una importante investigación en la que se quiere aclarar el alcance que tiene la trama de importación de bicicletas eléctricas chinas que ha descubierto. Una maniobra con la que se habría eludido el pago de 2,25 millones de euros en impuestos.
La operación está bastante avanzada, y ya se han realizado 16 registros en Bélgica, Alemania, Países Bajos y Portugal, de forma que se puedan recopilar pruebas para encontrar a todos los implicados en la actividad.
Se eludió el pago de los derechos antidumping
La EPPO en Oporto lidera la investigación a la que ha puesto el nombre de ‘Pedelecs’, y se habrían encontrado claros indicios de que se estaba comerciando de manera fraudulenta desde 2020 con bicicletas eléctricas fabricadas en China.
Lo que ha ocurrido, supuestamente, es que varias empresas europeas estaban encargando ebikes que se fabricaban en China completamente, pero eran enviadas totalmente desmontadas a Portugal, donde un intermediario se encargaba de ensamblarlas de nuevo. Después de esto, llegaban a los vendedores de Europa que inicialmente las habían encargado.
De esa manera, los proveedores chinos se ahorraban el pago de aduana correspondiente al envío de bicicletas eléctricas completas, pues en los contenedores no se declaraban como tal. De ese modo, no se tenían que pagar los derechos de importación con los que se protege a los productos europeos, lo que se conoce como derechos antidumping o de precio por debajo de mercado.
El impacto fiscal producido por el fraude
Se estima que el daño causado por este fraude es de 2,25 millones de euros, pero la investigación continua y el impacto podría ser todavía mayor. De momento, no han trascendido datos sobre los vendedores implicados en Europa, que también habrían sido partícipes de la maniobra y habrían aprovechado esto para reducir gastos y obtener un mayor beneficio.
En los registros realizados en distintas oficinas y empresas participaron la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal, la Oficina de Investigación Aduanera de Alemania en Múnich, la Policía Federal Belga y el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos.