Ya ocurrió en sectores clave, cuando se minusvaloraron transformaciones tecnológicas, se externalizaron capacidades estratégicas o se generó incertidumbre regulatoria. El resultado fue pérdida de liderazgo. A nivel empresarial, Kodak y Nokia son ejemplos clásicos de manual de gigantes que dominaron sus mercados durante décadas y quedaron relegados al olvido por no apostar a tiempo por la innovación disruptiva.
Mientras Washington relaja estándares, Europa y China consolidan su ventaja en movilidad eléctrica. No es solo una cuestión climática, es una cuestión de competitividad. Los mercados que marcarán las reglas del automóvil en las próximas décadas están apostando por el vehículo eléctrico, las baterías avanzadas, la digitalización y el software.
Incluso dentro de la propia industria estadounidense, el mensaje es claro. Jim Farley, CEO de Ford, ha reconocido públicamente su admiración por el modelo eléctrico SU7 del fabricante chino Xiaomi, llegando a afirmar que no lo cambiaría por nada. La escena es reveladora: el máximo responsable de uno de los iconos de la automoción estadounidense, elogiando la superioridad tecnológica china en electrificación. Eso no es activismo climático. Es realidad industrial.
¿Está la industria automotriz estadounidense ante un momento crítico?
Y es que eliminar límites de emisiones puede aliviar presiones regulatorias a corto plazo, pero estratégicamente abre varios frentes de riesgo:
- Pérdida de liderazgo industrial:
Las normas ambientales han sido históricamente un motor de innovación. Obligan a desarrollar motores más eficientes, electrificación, baterías avanzadas y software energético. Sin esa presión, la inversión puede ralentizarse mientras Europa y Asia avanzan. El resultado: menor competitividad global y menor capacidad exportadora.
- Desventaja en mercados internacionales:
La Unión Europea y China están consolidando regulaciones que favorecen vehículos de cero o bajas emisiones. Si EE.UU. se descuelga, sus fabricantes podrían quedar menos preparados para cumplir estándares extranjeros y perder cuota frente a competidores más avanzados tecnológicamente, además de depender de terceros países en baterías y componentes críticos.
- Menor atracción de inversión y empleo tecnológico:
La transición energética está movilizando miles de millones en baterías, infraestructura de carga, electrónica de potencia y software. Sin un marco regulatorio claro, esa inversión puede desplazarse hacia economías con políticas estables y previsibles, afectando empleo cualificado y cadenas de valor estratégicas.
- Costes sociales y sanitarios:
Más emisiones significan más contaminación urbana, más enfermedades respiratorias y cardiovasculares, más gasto sanitario y menor productividad. A largo plazo, esos costes pueden superar los beneficios inmediatos de flexibilizar la regulación.
- Riesgo reputacional y geopolítico:
El transporte es un sector clave en la agenda climática global. Relajar estándares puede debilitar la posición estadounidense en acuerdos internacionales y reducir su influencia en la definición de los estándares tecnológicos del futuro.
Más allá del debate climático
Se puede dejar al margen la discusión ideológica sobre el cambio climático -aunque exista un consenso científico abrumador sobre su origen antropogénico- y centrarse exclusivamente en la dimensión económica. Incluso desde esa óptica pragmática, la decisión parece cuestionable.
La movilidad eléctrica se está consolidando como tendencia estructural global. No es una moda regulatoria, es una transformación industrial. Frenarla no detiene el cambio: simplemente desplaza el liderazgo hacia otros.
¿Debe preocuparle a Europa?
La decisión de la Casa Blanca es relevante en el tablero geopolítico, pero no altera el rumbo europeo. La Unión Europea mantiene estándares propios exigentes, compromisos con el Acuerdo de París y objetivos claros de reducción de CO₂ y los fabricantes que quieran operar en su mercado, deberán cumplir esas normas, independientemente de la política estadounidense.
Además, Europa ha consolidado su propia cadena de valor en movilidad sostenible -baterías, motores eléctricos, software- y cuenta con una demanda creciente de consumidores cada vez más concienciados con la eficiencia energética. La electrificación seguirá avanzando con autonomía regulatoria.
La ocurrencia de Trump puede tener lógica dentro del mercado doméstico estadounidense, pero difícilmente encaja en la realidad estructural de Europa. Son modelos energéticos distintos, con vulnerabilidades y fortalezas muy diferentes.
Estados Unidos es uno de los mayores productores mundiales de petróleo y gas. Su matriz energética le permite sostener, al menos a corto y medio plazo, un modelo de movilidad fuertemente apoyado en combustibles fósiles sin comprometer de manera inmediata su seguridad energética. En términos estrictamente internos, relajar las exigencias ambientales puede traducirse en menores costes regulatorios para fabricantes y consumidores, y en una continuidad del modelo tradicional de automoción.
Europa, en cambio, parte de una ecuación completamente distinta, pues depende en gran medida de la importación de petróleo y gas procedentes de terceros países, un factor de vulnerabilidad económica y geopolítica, especialmente en momentos de tensión internacional o crisis de suministro. Cada litro de combustible fósil que consume Europa implica transferencia de recursos al exterior y exposición a la volatilidad de los mercados energéticos globales.
Sin embargo, Europa tiene una ventaja estratégica que Estados Unidos no necesita explotar con la misma urgencia: la capacidad de generar electricidad propia a partir de fuentes renovables. Energía eólica, solar, hidráulica o nuclear permiten alimentar edificios, industria y, progresivamente, movilidad, con un grado creciente de autonomía.
La electrificación del transporte, en este contexto, no es solo una política climática. Es una política industrial y de seguridad energética. Cada vehículo eléctrico que sustituye a uno de combustión reduce la factura de importación energética y fortalece la independencia estratégica del continente.
Por eso, lo que puede funcionar como alivio regulatorio en Estados Unidos sería, en Europa, un contrasentido económico. Renunciar a la electrificación implicaría perpetuar una dependencia estructural de combustibles importados, justo cuando la tecnología permite lo contrario: convertir la energía producida localmente en movilidad, competitividad y resiliencia.
En definitiva, mientras Washington puede permitirse debatir si quiere acelerar o no la transición, para Europa la electrificación no es solo una opción ambiental; es una necesidad estratégica.