El Gobierno mantendrá en 2026 la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables (PHEV), así como para la instalación de puntos de recarga, una medida largamente reclamada por el sector del automóvil para sostener la demanda en plena transición hacia la movilidad eléctrica. La prórroga ha sido aprobada en el último Consejo de Ministros del año a través de un Real Decreto-ley, según han confirmado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
La deducción permite a los compradores desgravarse hasta 3.000 euros por la adquisición de un coche eléctrico o PHEV (la base deducible máxima es de 20.000 euros), así como hasta 600 euros por la instalación de un punto de carga en su domicilio o empresa (base deducible tope de 4.000 euros). Este incentivo fiscal, en vigor desde junio de 2023, seguirá aplicándose tanto a particulares como a empresas y se suma a otras medidas incluidas en el denominado “escudo social” que el Ejecutivo renovará el próximo año.
Un alivio fiscal clave para impulsar la demanda
La continuidad de esta deducción despeja una de las principales incógnitas que preocupaban al sector, que considera los incentivos fiscales un elemento decisivo para impulsar las ventas de vehículos electrificados. En 2025, las matriculaciones de coches eléctricos crecieron más de un 80%, mientras que los híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía cero emisiones duplicaron sus ventas, según datos de la patronal ANFAC.
Precisamente estos híbridos enchufables de gran autonomía seguirán beneficiándose de los incentivos, en línea con la estrategia del Gobierno de fomentar una electrificación gradual del parque móvil.
Coordinación con el nuevo Plan Auto+
La prórroga fiscal llega antes de que se hagan públicas las condiciones del nuevo Plan Auto+, el programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables que sustituirá al actual Moves III. Fuentes del Ministerio de Industria han señalado que las bases del plan se anunciarán previsiblemente a primeros de enero, con el objetivo de dar certidumbre al mercado desde el inicio del año.
El Plan Auto+ contará con un presupuesto de 400 millones de euros y tendrá una gestión centralizada, a diferencia del Plan Moves III, cuyos retrasos en el pago de ayudas han sido duramente criticados por fabricantes y concesionarios. El nuevo esquema busca agilizar la concesión de los incentivos, aunque no está previsto que los concesionarios adelanten las subvenciones.
Según la información adelantada por medios especializados, la ayuda directa por vehículo rondará los 4.500 euros, no exigirá el achatarramiento de un coche antiguo y será retroactiva desde el 1 de enero de 2026, aunque su aprobación formal se produzca más adelante en 2026.
Pendiente del aval del Congreso
El Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en las próximas semanas. En ejercicios anteriores, algunas prórrogas similares encontraron obstáculos parlamentarios, aunque el Gobierno confía en que esta vez salgan adelante por su impacto social y económico.
Con la combinación de ayudas directas y ventajas fiscales, el Ejecutivo busca reforzar la adopción del vehículo eléctrico en un momento clave para la industria y avanzar en sus objetivos de descarbonización del transporte.