En 2025 debería entrar en vigor la normativa Euro 7, encargada de regular las emisiones de carbono en el Viejo Continente. Afectará de pleno a las marcas automovilísticas que se verán obligadas a avanzar aún más en su plan de electrificación. Tal es así que no son pocos los países que ya puntualizan la dificultad de su aplicación en tan corto plazo de tiempo.
Concretamente, un total de ocho países miembros de la Unión Europea, entre los que se encuentran Francia o Italia, se han opuesto en firme a las estrictas reglamentaciones que esta normativa impondría. Todo ello argumentando que los diferentes fabricantes automotrices ya se encuentran bajo presión para poder cumplir con la prohibición de coches térmicos a partir del año 2035.
La mayoría de estos productores ya disponen de una hoja de ruta hecha para la adopción de una gama de vehículos 100% eléctrica a partir de 2035. No obstante, la entrada en vigor de la normativa Euro 7 no haría más que entorpecer esta misión a base de una legislación más estricta e inversiones por encima de lo que actualmente pueden afrontar muchas de estas marcas.
Ya han sido muchos los fabricantes que afirman que esta normativa será demasiado costosa de aprobar y no traerá importantes beneficios ambientales para rentabilizar dicha inversión. Directivos como Carlos Tavares, CEO de Stellantis, han afirmado en numerosas ocasiones que esta propuesta conducirá a un precio más alto para los vehículos pequeños, lo que limitará aún más la renovación del parque móvil en Europa. También se han declarado en contra los responsables de marcas como BMW o el Grupo Renault.
España, que actualmente ocupa la presidencia de la Unión Europea, ha confirmado que presentará un borrador la próxima semana, aunque los países miembros aún no se han puesto de acuerdo. Dicho borrador, incluiría la implementación de la Euro 7 desde mediados del 2025 para turismos y desde 2027 para camiones.
Por su parte, los países opositores a esta normativa han confirmado su preocupación para con los diferentes fabricantes de vehículos por la “importante capacidad de desarrollo y la inversión requerida; además de la que ya se está realizando en electrificación” con vistas a la legislación de 2035.
El propio Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia, afirmó recientemente que la Unión Europea debería abandonar la entrada en vigor de la normativa Euro 7, ya que costará a los fabricantes europeos un “dinero inútil” en un momento crucial de transición.
En el lado opuesto de la balanza, se encuentra el grupo Transport and Environment, quienes han criticado con severidad esta opinión por parte de los países opositores por “ceder ante las amenazas de los fabricantes de automóviles, condenando así a las personas a enfermedades evitables y muerte prematura en las próximas décadas”.
Después de este rifirrafe, el siguiente paso será llegar a un acuerdo entre ambas partes sobre la aprobación de esta normativa, algo que debería tener lugar en las próximas semanas.
