La Comisión Europea ha trasladado al Gobierno español una advertencia formal por la rebaja del IVA aplicada a los carburantes, al considerar que la medida no encaja en el marco fiscal comunitario.
Según Bruselas, el descenso del tipo impositivo del 21% al 10 % sobre gasolina y diésel choca con la directiva europea del IVA, que fija con precisión qué bienes y servicios pueden beneficiarse de tipos reducidos.
España se explica ante la advertencia europea
El aviso llegó a finales de marzo mediante una carta remitida a Madrid, en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos y de presión sobre los precios en surtidor. La rebaja fiscal forma parte de un paquete más amplio aprobado en respuesta al encarecimiento de los combustibles vinculado al conflicto en Oriente Próximo, y se presentó como una medida de alivio temporal para hogares, autónomos y empresas.
La posición de la Comisión no cuestiona que los Estados miembros puedan actuar sobre la fiscalidad indirecta, pero sí recuerda que ese margen está limitado por la legislación europea. En este caso, Bruselas sostiene que la directiva del IVA no contempla la aplicación de un tipo reducido al suministro de carburantes fósiles, por lo que la medida española quedaría fuera del perímetro legal permitido por la UE.
Frente a esa rebaja del IVA, el Ejecutivo comunitario ha apuntado a una vía distinta que sí considera compatible con las reglas comunes: actuar sobre los impuestos especiales a los hidrocarburos. Esa alternativa ofrece más margen a los gobiernos nacionales y ya ha sido utilizada por varios países para contener el impacto del alza del combustible sin alterar el esquema general del IVA europeo.
La medida española se aprobó en el contexto del decreto anticrisis y rebaja el IVA de los combustibles del 21 % al 10 %. El Gobierno la ha defendido como una decisión coyuntural, asociada a una situación excepcional de precios altos y a la necesidad de amortiguar el impacto económico sobre los consumidores. En el argumento del Ejecutivo pesa también el carácter temporal de la rebaja, concebida como un apoyo transitorio mientras persista la volatilidad energética.
El coste presupuestario de la decisión no es menor. Distintas estimaciones sitúan el impacto de la rebaja del IVA en carburantes en 507 millones de euros, dentro de un paquete anticrisis que supera los 5.000 millones. Ese conjunto de medidas es uno de los pilares de la respuesta económica puesta en marcha por el Gobierno para contener el efecto de la subida de precios sobre familias y empresas.
Las instituciones comunitarias sostienen que estas fórmulas, si no son selectivas y temporales, pueden distorsionar el mercado interior y aumentar la presión sobre las cuentas públicas. Por eso, Bruselas insiste en que la respuesta a la crisis energética debe orientarse a medidas más estructurales, como la electrificación del transporte o la reducción del consumo de combustibles fósiles.
Por ahora, la Comisión no ha abierto un procedimiento formal de infracción contra España, aunque la carta enviada a finales de marzo funciona como una advertencia previa dentro del sistema de supervisión comunitaria. El Gobierno mantiene que la rebaja es temporal y defiende que responde a una situación extraordinaria derivada del contexto internacional, mientras sigue el diálogo con las autoridades europeas para evitar que la discrepancia acabe en un conflicto jurídico de mayor alcance.