Durante años, la falta de cargadores se ha señalado como uno de los principales obstáculos para la expansión del coche eléctrico en Europa. Sin embargo, el último análisis de Transport & Environment dibuja una situación diferente: la potencia pública instalada ha crecido por encima del número de vehículos eléctricos en casi toda la Unión Europea.
La infraestructura no está igualmente repartida ni ofrece siempre una experiencia sencilla, pero el déficit generalizado de capacidad ya no aparece como el problema dominante. Malta es el único Estado miembro que todavía no alcanza el mínimo europeo, mientras España figura entre los países donde más rápido avanza la recarga ultrarrápida y, al mismo tiempo, donde quedan más tramos pendientes.
La potencia instalada casi triplica el mínimo europeo
A finales de 2025, la Unión Europea contaba con unos 1,1 millones de puntos de recarga públicos, cinco veces más que en 2020. Este despliegue se produjo antes de que terminara de materializarse el nuevo crecimiento de las matriculaciones eléctricas previsto para 2025 y 2026, por lo que la red dispone actualmente de margen para absorber más vehículos.
El reglamento AFIR establece que cada país debe ofrecer al menos 1,3 kW de potencia pública por cada turismo eléctrico de batería que forme parte de su parque. Al cierre de marzo de 2026, todos los Estados miembros salvo Malta superaban esa referencia y, en el conjunto de la UE, la capacidad disponible se situaba un 180% por encima del objetivo mínimo.
El cumplimiento resulta menor cuando se analiza la ubicación de las estaciones. AFIR exige cargadores rápidos de corriente continua, con una potencia mínima de 150 kW y separados por un máximo de 60 kilómetros, a lo largo de los principales corredores de la red transeuropea de transporte.
España concentra parte de los huecos que quedan por cubrir
En junio de 2026, el 79% de la red básica TEN-T ya cumplía el objetivo fijado para 2025, mientras que Europa occidental superaba el 99%. Las principales discontinuidades se localizaban en España y en varios países del centro y este del continente, aunque estas zonas también están registrando algunos de los mayores ritmos de crecimiento en infraestructura ultrarrápida.
T&E calcula que bastaría con instalar o actualizar 70 estaciones situadas en emplazamientos estratégicos para elevar por encima del 90% el cumplimiento europeo. España necesitaría 22 actuaciones, más que ningún otro país, frente a las 11 de Polonia y las siete de Rumanía. Buena parte de estos puntos ya estaría construida y solo requeriría mejoras para ajustarse a las condiciones de AFIR.
La red secundaria también avanza por delante del calendario previsto. Veinte de los 27 Estados miembros habían alcanzado ya el objetivo de 2027 para las autopistas regionales y carreteras principales, aproximadamente 18 meses antes del límite. El siguiente desafío se desplaza así hacia la transparencia de las tarifas, los sistemas de pago y la facilidad de uso, especialmente para quienes dependen habitualmente de la recarga pública.