La Unión Europea dará tres años más de plazo a los fabricantes de coches para que reduzcan su media de emisiones de CO2 antes de imponerles multas millonarias, que estaba previsto aplicar este mismo 2025. Una decisión que los fabricantes de coches han recibido con los brazos abiertos (aunque no todos), pero que cuenta con la oposición del sector de la movilidad eléctrica, como es lógico.
La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), una organización que agrupa a los principales actores del sector de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos en España, ha mandado una carta a la Comisión Europea para mostrar su rechazo a la flexibilidad en el "Plan de Acción" anunciado por la presidenta Ursula von der Leyen en la tarde del pasado miércoles.
La AORU pide mantener el compromiso con los objetivos previos establecidos en materia de emisiones de CO2. "Consideramos que es esencial que se mantengan los objetivos previamente fijados, sin modificaciones, para garantizar la seguridad jurídica que respalde las inversiones en la electrificación del transporte por carretera".
Unas inversiones que, asegura AORU, son fundamentales para avanzar hacia un modelo de movilidad más limpio y eficiente en nuestro país.
La flexibilización durante tres años más de los estándares de CO2 dentro de la Unión Europea la ven asimismo como un "desincentivo a la inversión" para la movilidad eléctrica, y estiman que puede provocar una pérdida de competitividad en el sector.
"Entendemos que el objetivo del Diálogo Estratégico sobre la Industria Automovilística debe ser un trabajo conjunto para alcanzar los objetivos, no un pretexto para debilitarlos", manifiesta AORU en su comunicado.
Reclaman medidas contundentes
Desde AORU destacan "la necesidad de medidas contundentes y claras" para incrementar la penetración de vehículos eléctricos en la Unión Europea. De hecho, esperan que desde la Comisión Europea se lancen incentivos fiscales específicos para los vehículos eléctricos puros, como ya se hace en Bélgica u otros países de la UE.
En este sentido, no obstante, la Comisión Europea no ha incorporado finalmente ningún esquema de ayudas a la compra del coche eléctrico paneuropeo. En su lugar, Bruselas se limitó a decir que trabajará con los estados miembros para lanzar unas recomendaciones de mejores prácticas de cara a 2026.
"Nos encontramos en un momento clave para la movilidad eléctrica, y no podemos permitir que la falta de concreción y solidez en las políticas adoptadas dilaten en el tiempo los progresos que nuestra industria ya está haciendo en Europa", concluye AORU en su comunicado.