Volvo se enfada, y con razón, con Europa, pero ¿quién gana con la nueva política de emisiones?

En Suecia están muy enfadados con la nueva estrategia europea de emisiones. El cambio de política ha enfadado a unos y ha beneficiado a la mayoría. Hay dos empresas muy contentas.

El CEO de Volvo, Jim Rowan, ha mostrado su enfado con la Unión Europea.
El CEO de Volvo, Jim Rowan, ha mostrado su enfado con la Unión Europea.
07/03/2025 07:30
Actualizado a 07/03/2025 07:30

La inestabilidad se ha apoderado del mercado automovilístico europeo. Desde la pandemia de la COVID-19, sufrida hace ya cinco años, la industria no levanta cabeza. Los altos costes de producción, la competitividad y la rentabilidad sufren ascensos y caídas sin control. Las decisiones tomadas desde Bruselas lejos de ayudar, impiden la estabilidad. Europa ha cambiado de idea, una vez más. La decisión de retrasar la normativa actual otros tres años no ha sentado bien a algunos fabricantes, pero sí ha alegrado a muchos otros que ganan tiempo para transformar su flota. ¿Quiénes son los que más se benefician de la nueva decisión europea?

Tal y como estaba previsto, el pasado 1 de enero de 2025 entró en vigor la nueva normativa continental de emisiones. Los fabricantes tenían que limitarse a 95 gramos de CO2 por vehículo matriculado. En caso de superar dicha barrera deben abonar cuantiosas multas por exceso de emisiones. La ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) las principales marcas presentes en el mercado europeo tendrían que abonar hasta 15.000 millones de euros en materia de sanciones. La peor parte es que esas multas acaban repercutidas en los precios de los vehículos. Desde el pasado 1 de enero las tarifas se han incrementado notablemente, algo que a buen seguro afectará al volumen de ventas.

Volkswagen Fábrica
El Grupo Volkswagen repira tranquilo tras el retraso en la normativa de emisiones.

Europa lejos de aportar estabilidad complica la situación del mercado

Tras las quejas recibidas por las marcas, y tras analizar los resultados de los primeros meses del año, Ursula Von der Leyen ha anunciado que dará una tregua de tres años. La normativa actual, que ya está en vigor, no se aplicará hasta dentro de tres años con la intención de reforzar la competitividad de las marcas europeas. Si bien la decisión ha sido aplaudida por muchos, la mayoría, ha sido duramente criticada por algunos. En especial por Volvo. Su CEO, Jim Rowan, ha lamentado la decisión y asegura estar “tremendamente decepcionado”. “Europa no puede permitirse el lujo de ver fracasar la electrificación o de retrasar la transición. Europa debe invertir en el futuro, no en el pasado. No podemos seguir posponiendo el problema”, ha llegado a comentar. 

En cambio, los principales directivos de la industria reciben con alegría la flexibilización llegada desde Bruselas. El Grupo Volkswagen y Stellantis son los dos grandes beneficiados con el cambio de la norma. Los dos principales conglomerados industriales del sector. Volkswagen tenía estimada una sanción de 1.500 millones de euros en materia de exceso de emisiones. Un considerable gasto que ahora se ahorrará. Stellantis no había aportado datos sobre posibles sanciones, pero lo que está claro es que se ahorrará una gran suma de dinero este año y los tres próximos. Algunas de sus marcas han abandonado proyectos muy avanzados. 

Citroën AMI
Stellantis tampoco ha cosechado el éxito que se esperaba con sus coches eléctricos.

El próximo año se antoja incluso más importante para la industria. En 2026 se revisará por primera vez la normativa de 2035. Se tendrán en cuenta los volúmenes de matriculaciones y se pondrá en perspectiva el entorno para analizar si Europa está o no preparada para erradicar del mercado los coches de combustión. Mientras tanto, diversos rumores apuntan a que Bruselas está trabajando en un programa de ayudas continentales para fomentar la compra de coches eléctricos. Muchos de los planes nacionales no han tenido el éxito o la efectividad que se pensaba. Alemania, el principal mercado de la región lleva más de un año sin ayudas públicas. España también las ha eliminado, aunque se espera que pronto vuelvan a estar operativas y con carácter retroactivo.