En poco más de una década, Holaluz pasó de convertirse en el gran símbolo de la liberalización del mercado eléctrico español a protagonizar una de las mayores crisis vividas por una comercializadora independiente.
La compañía catalana, fundada con la promesa de democratizar el acceso a la energía renovable, afronta ahora un procedimiento que podría poner fin a su actividad como comercializadora de electricidad.
El nacimiento de una alternativa a las grandes eléctricas
Holaluz nació en Barcelona en 2010 de la mano de Carlota Pi, Oriol Vila y Ferran Nogué con un objetivo claro: ofrecer electricidad de origen renovable mediante un modelo completamente digital y con una atención al cliente diferente a la de las grandes compañías tradicionales.
Su propuesta coincidió con la apertura del mercado eléctrico y el auge de las comercializadoras independientes. Mientras las grandes eléctricas mantenían una posición dominante gracias a su integración vertical (generación, distribución y comercialización), Holaluz apostó por competir únicamente en la venta de energía.
La empresa fue creciendo rápidamente gracias a tarifas sencillas, contratos digitales y una fuerte apuesta por la sostenibilidad. Posteriormente amplió su modelo de negocio hacia el autoconsumo fotovoltaico residencial, las baterías domésticas y las comunidades energéticas, intentando convertirse en una plataforma integral de transición energética.
En 2019 dio el salto a BME Growth, consolidándose como una de las startups energéticas españolas con mayor visibilidad.
Un modelo que encontró muchas dificultades
El fuerte crecimiento coincidió posteriormente con uno de los periodos más complicados para el sector eléctrico europeo.
La crisis energética derivada de la guerra en Ucrania disparó la volatilidad de los precios mayoristas, obligando a muchas comercializadoras independientes a asumir importantes tensiones financieras. Desde 2021 han desaparecido alrededor de 80 comercializadoras en España, incapaces de soportar el incremento del riesgo financiero.
Holaluz logró mantenerse operativa, aunque acumuló pérdidas, problemas de liquidez y una importante reestructuración empresarial. Durante 2024 afrontó una grave crisis financiera que obligó a buscar nuevos inversores y redujo su plantilla mediante un expediente de regulación de empleo.
El escenario se complicó durante 2026 cuando el Ministerio para la Transición Ecológica inició el procedimiento para extinguir la habilitación de Holaluz como comercializadora de electricidad.
El expediente se produce tras denuncias por impagos de peajes y cargos a las distribuidoras eléctricas, una deuda que ronda los seis millones de euros repartida principalmente entre las redes de Endesa, Iberdrola y Naturgy. La compañía dispone de un plazo para presentar alegaciones mientras intenta regularizar su situación.
Como medida cautelar, la empresa no puede captar nuevos clientes. Si finalmente pierde la habilitación, los consumidores no se quedarán sin suministro eléctrico, ya que la normativa española prevé el traslado automático de los contratos a una Comercializadora de Referencia que aplicará la tarifa regulada PVPC hasta que cada cliente decida cambiar de compañía.
Holaluz mantiene alrededor de 250.000 contratos vinculados a sus comunidades energéticas, una cifra que la convierte en una de las comercializadoras independientes más relevantes del país, aunque apenas representa aproximadamente el 1% del mercado nacional.
Un cambio para todo el sector
El caso Holaluz coincide con un endurecimiento de la regulación del mercado eléctrico español. España llegó a registrar más de 500 comercializadoras gracias a unos requisitos de entrada muy reducidos, que durante años facilitaron la aparición de pequeñas empresas.
Sin embargo, el Gobierno ha reforzado las exigencias tras la transposición de la normativa europea, imponiendo mayores garantías económicas, controles sobre la actividad real de las empresas y procedimientos más rápidos para inhabilitar comercializadoras inactivas o con incumplimientos.
Actualmente existen más de 500 comercializadoras registradas, pero alrededor de 130 apenas desarrollan actividad. Además, los impagos acumulados dentro del sistema eléctrico se aproximan a los 300 millones de euros, una situación que ha acelerado la depuración del mercado.
La evolución de Holaluz será observada con atención por todo el sector energético español. La compañía fue una de las primeras en demostrar que era posible construir una comercializadora independiente basada exclusivamente en energía renovable y digitalización.
Ahora su futuro dependerá tanto de su capacidad para resolver los problemas financieros como del resultado del procedimiento administrativo abierto por el Ministerio. Sea cual sea el desenlace, el caso marca el final de una etapa caracterizada por la rápida proliferación de comercializadoras y el inicio de un mercado con mayores exigencias regulatorias y financieras.