Vineyard Wind 1 comenzó a levantarse en 2021 con el objetivo de alcanzar su plena puesta en marcha el 31 de marzo de 2026. El plan prevé la instalación de 62 turbinas eólicas marinas, capaces de aportar en conjunto hasta 806 megavatios de potencia. En el momento en que las autoridades ordenaron detener los trabajos, el desarrollo del parque se encontraba prácticamente finalizado, con un grado de ejecución cercano al 95 %, y ya estaba suministrando 572 MW a la red eléctrica de Nueva Inglaterra.
Según cálculos de la propia compañía, la interrupción del proyecto está provocando un impacto económico de alrededor de 2 millones de dólares al día, derivados tanto de gastos directos como indirectos, entre ellos primas de seguros, costes financieros, salarios del personal y operaciones logísticas.
Paralización del proyecto y nueva sentencia
El proyecto, situado frente a las costas de Massachusetts y destinado a ser uno de los mayores parques eólicos marinos de Estados Unidos estaba paralizado desde diciembre de 2025 por una orden de la Oficina de Gestión de las Energías Marinas (BOEM) del Departamento del Interior, que alegaba supuestos riesgos de seguridad nacional.
La suspensión había afectado no solo a Vineyard Wind, sino a otros cuatro grandes proyectos offshore en la costa este norteamericana. Frente a esta situación, la sociedad promotora interpuso, el pasado 15 de enero, una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, solicitando una orden de restricción temporal y medidas cautelares contra la paralización decretada por la administración de Donald Trump por considerarla injustificada y perjudicial para el avance del proyecto y las comunidades que se beneficiarían de su capacidad de generación.
Después de meses de incertidumbre y conflictos con la Administración estadounidense, el parque eólico marino Vineyard Wind 1, promovido por Avangrid (filial de Iberdrola) y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ha recibido luz verde para reanudar su construcción.
Vineyard Wind 1 estaba completado en torno al 95 %, con gran parte de sus 62 aerogeneradores ya produciendo energía limpia para cerca de 400.000 hogares e industrias en el noreste del país, cuando se produjo la orden de paralización. A pesar de ello, desde principios de 2024 varias turbinas se encontraban operativas, aportando electricidad mientras continuaban las labores de montaje.
La estructura del proyecto y su dimensión económica lo sitúan como un referente dentro de las energías renovables en Estados Unidos. Con un presupuesto estimado en alrededor de 4.500 millones de dólares, según Reuters, aproximadamente 4.200 millones de euros, Vineyard Wind 1 representa la primera gran instalación eólica marina de Iberdrola en el país y es vital para los objetivos de descarbonización energética y creación de empleo en la región.
La batalla jurídica se centró en torno a si la BOEM contaba con fundamentos suficientes para frenar las obras. El juez federal responsable de evaluar el caso consideró que la Administración no había justificado de forma convincente la necesidad de detener los trabajos, especialmente cuando las turbinas existentes seguían operativas.
Además, la empresa advirtió que de no permitir la reanudación inmediata, la falta de acceso a barcos especializados para instalar los aerogeneradores podría comprometer la finalización del parque previsto antes del 31 de marzo de 2026.
Este plazo era relevante no solo por aspectos técnicos, sino también por los contratos de financiación y de compra de energía vinculados a la culminación del proyecto. La logística de instalación en mares profundos depende de un número limitado de embarcaciones especializadas en todo el mundo, y la pérdida de disponibilidad de estos recursos podría dejar trabajos esenciales sin completar durante meses o años.
Con la medida cautelar emitida por el tribunal, Vineyard Wind anunció que retomará de inmediato las actividades de construcción y montaje, así como la coordinación con contratistas, autoridades federales y otros actores implicados, manteniendo como prioridad la seguridad en las operaciones y la continuidad en el suministro de energía renovable. La empresa ha señalado que continuará colaborando con la Administración para alcanzar una solución definitiva al procedimiento legal en curso.