Una ruta utilizada desde hace décadas por ciclistas en La Roda, Albacete, se encuentra ahora bajo el foco de las autoridades. La vía de servicio que discurre junto al trasvase Tajo-Segura no está habilitada para el tránsito público y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reclamado que se haga cumplir una restricción que, hasta ahora, había tenido poca incidencia práctica.
El cambio puede traducirse en sanciones para quienes continúen circulando en bicicleta por este trazado. Más allá del caso concreto, la situación vuelve a evidenciar las diferencias existentes entre las distintas infraestructuras hidráulicas españolas: mientras algunos caminos paralelos a canales forman parte de rutas cicloturistas reconocidas, otros mantienen el acceso restringido pese a llevar años siendo utilizados con fines recreativos.
La vía de servicio no tiene la consideración de camino abierto al público
La legislación de aguas establece una zona de servidumbre de cinco metros junto a los cauces públicos destinada, entre otros fines, al paso y a determinados usos públicos. Tanto el texto refundido de la Ley de Aguas como el Reglamento del Dominio Público Hidráulico recogen expresamente esa franja de protección.
Sin embargo, esa servidumbre no convierte automáticamente en públicas las pistas construidas para inspeccionar o mantener canales, presas y otras instalaciones hidráulicas. El camino afectado en La Roda está vinculado al funcionamiento del trasvase y no consta que haya sido acondicionado ni autorizado expresamente como itinerario ciclista, por lo que la CHS puede limitar su utilización y reclamar que se respete esa restricción.
La controversia surge porque no todos los canales españoles funcionan bajo el mismo esquema de uso recreativo. Existen trazados en los que antiguas pistas hidráulicas se han integrado en caminos naturales o recorridos cicloturistas, mientras que en otros la prioridad sigue siendo exclusivamente el mantenimiento de la infraestructura. La diferencia depende de las autorizaciones y de la gestión concreta de cada espacio, y no de una autorización general para circular junto a cualquier canal.
El cierre devuelve el debate sobre las alternativas seguras para las bicicletas
La utilización de esta pista se había consolidado, entre otras razones, porque permite evitar carreteras abiertas al tráfico. La seguridad de los ciclistas continúa siendo además una cuestión relevante en España: el balance provisional de 2025 contabilizó 1.119 fallecidos en vías interurbanas y 40 de ellos circulaban en bicicleta, ocho menos que el año anterior.
Existe, no obstante, otra red que puede desempeñar parte de esa función. España conserva alrededor de 125.000 kilómetros de vías pecuarias, terrenos de dominio público regulados por la Ley 3/1995 y cuya gestión corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas. Su uso ya no se limita exclusivamente al tránsito ganadero y muchos de estos corredores admiten actividades recreativas compatibles con su conservación.
El caso de La Roda muestra así dos realidades diferentes. La Guardia Civil puede actuar cuando se utiliza una instalación hidráulica cuyo acceso no está autorizado, pero España dispone al mismo tiempo de una extensa red de caminos públicos y de numerosos ejemplos de canales adaptados al cicloturismo. Convertir una pista de servicio en una ruta abierta exige, en cualquier caso, una decisión administrativa expresa; mientras eso no ocurra en este tramo del Tajo-Segura, los ciclistas que sigan utilizándolo se exponen a ser sancionados.