La Fiscalía Europea, con apoyo de autoridades griegas y del organismo OLAF, ha revelado uno de los golpes más severos contra el fraude aduanero de bicicletas eléctricas en la historia de la Unión Europea. Bajo el nombre de Operación Calypso, se han incautado 2.435 contenedores valorados en 250 millones de euros en el puerto de El Pireo, muchos de ellos cargados con e-bikes importadas fraudulentamente desde China.
De estos contenedores, más de 500 estaban repletos de bicicletas eléctricas, y 360 ni siquiera habían sido declaradas ante las aduanas. En muchos casos, el fraude consistía en declarar únicamente entre el 10 % y el 15 % del total de unidades reales, con el fin de eludir los aranceles antidumping que gravan las e-bikes procedentes de Asia.
Una avalancha que perjudica a la bicicleta eléctrica europea
Las cifras oficiales hablan de un perjuicio concreto para el presupuesto comunitario en el caso de las bicicletas eléctricas de 37,5 millones de euros, combinando 25 millones en derechos de aduana no pagados y 12,5 millones en IVA evadido. No obstante, los investigadores estiman que el fraude total, aranceles e IVA incluidos, supera los 800 millones de euros en todo el esquema.
La estructura criminal funciona con múltiples capas. En primer lugar, las declaraciones aduaneras se falseaban o subvaloraban, permitiendo la entrada de grandes volúmenes con una carga fiscal mínima. Luego, la mercancía transitaba entre países de la UE bajo regímenes intracomunitarios (exentos de IVA en el punto de entrada) —aunque esos traslados, en muchos casos, eran simulados o inexistentes. Finalmente, la distribución de las bicicletas eléctricas se realizaba clandestinamente en mercados locales, muchas veces sin factura, con pagos en efectivo y aprovechando redes logísticas que blanqueaban los beneficios y remiten capitales de nuevo a China.
Ya se han presentado cargos contra seis personas, entre ellos dos funcionarios de aduanas y cuatro corredores aduaneros, acusados de falsificación, fraude aduanero y evasión fiscal. En varios casos, estos agentes habrían facilitado la certificación falsa de documentos y autorizado el paso irregular de mercancías.
La Operación Calypso pone al descubierto una red activa al menos desde hace ocho años, bajo control mayoritario de nacionales chinos, que dirigía todo el proceso: importación, distribución, venta y retorno de beneficios. Esta infraestructura criminal quebraba la competencia justa dentro del mercado de bicicletas eléctricas en Europa.
El efecto sobre el sector europeo ha sido profundo. Al permitir que ingresen al mercado productos con precios artificialmente bajos, aquellos fabricantes legales, obligados a pagar aranceles, IVA y cumplir las normas, se ven desplazados. El sector europeo resistía ya la presión del “tsunami chino” apoyándose en los aranceles antidumping; la Operación Calypso evidencia que esas barreras pueden ser vulneradas sistemáticamente.
España no es ajena a este impacto. Aunque los datos específicos para España no figuran con detalle. Parte del volumen incautado habría tenido destino o enlace logístico con el mercado español, dada la interconexión de transporte intracomunitario. Para las empresas españolas que operan legalmente, tanto fabricantes, como distribuidores o importadores, la consecuencia es doble: perder competitividad frente a precios inflados por el fraude, y asumir mayores controles aduaneros, trazabilidad exigente y riesgo de inspecciones que encarezcan la operativa.
El canal legal de venta también queda amenazado: cuando el consumidor percibe que en bazares o tiendas informales se ofrecen e-bikes a precios inapropiadamente bajos, se hunde la confianza en los distribuidores que sí cumplen con garantías, homologación y responsabilidad fiscal.
La Operación Calypso no solo es un golpe judicial: es una llamada de atención al mercado eléctrico. En un contexto en el que la movilidad limpia y las bicicletas eléctricas están llamadas a crecer, es imperativo que ese crecimiento se produzca bajo normas justas, sostenibles y respetuosas con la competencia.