El pasado 2 de diciembre de 2025, la Guardia Civil desplegó un control en un carril bici muy frecuentado en las afueras de Madrid, en las inmediaciones de Colmenar Viejo, lo que derivó en la sanción a tres ciclistas acusados de infringir la normativa vigente.
La operación forma parte de una campaña más amplia para reforzar la aplicación del Reglamento General de Circulación en vías destinadas a bicicletas, un paso que las autoridades consideran necesario tras años de permisividad.
Las normas infringidas
El trayecto en cuestión conecta con el anillo verde ciclista de la capital, una red de más de 60 km de carriles que se consideraban espacios seguros (más o menos), sin presencia policial. Ahora, la Guardia Civil entiende que estos itinerarios “no están exentos de control”. Revisan la documentación, las luces, el casco y otras obligaciones. Dos de los tres ciclistas multados lo fueron por vulnerar requisitos establecidos en el reglamento, y el tercero fue advertido y suscrito a las normas.
Este suceso pone de relieve una tendencia clara en la política de movilidad en España: aumentar la supervisión sobre todos los usuarios de la vía, no solo los vehículos a motor. Además de perseguir excesos de velocidad o alcohol, la Guardia Civil vigila que ciclistas respeten las normas de circulación (luces, casco, documentos en regla) incluso en zonas dedicadas. Para muchos usuarios, esta evolución supone un cambio de paradigma.
A ojos de defensores de la bicicleta como medio de transporte limpio y sostenible, la medida genera sensaciones contradictorias. Por un lado, la vigilancia podría reforzar la seguridad vial, un objetivo compartido; por otro, algunos ciclistas consideran que esta “policía al carril bici” desincentiva el uso de la bici por temor a sanciones por pequeñas infracciones técnicas. Pero las autoridades argumentan que la prioridad es la convivencia ordenada entre todos los usuarios de la vía.
El contexto normativo reciente refuerza esta postura. Las sanciones por estacionar o circular indebidamente en carriles bici ya son habituales: según boletines oficiales consultados en 2025, ocupar estos carriles con vehículos a motor o estacionar en ellos puede suponer multas de 200 euros, una medida pensada para preservar su función original.
Además, estudios oficiales sobre siniestralidad ciclista, publicados en el Boletín Comunidad Madrid, muestran que buena parte de los accidentes con víctimas graves ocurren por infracciones de usuarios vulnerables en vías convencionales, muchas veces por errores al compartir el espacio con vehículos a motor. Reforzar la normativa también busca promover una movilidad más segura y sostenible.
El uso de la bici, convencional o eléctrica, sigue siendo una alternativa viable, pero exige responsabilidad. Respetar el Reglamento, llevar luces y casco, atender las señales y no usar el carril bici para parar o estacionar se convierte en básico.
La multa a los tres ciclistas en Colmenar Viejo no es un caso aislado. Muestra un cambio en la regulación vial que extiende la vigilancia a quienes usan medios de transporte no motorizados. Si la bicicleta aspira a convivir con coches, motos y peatones, deberá adaptarse también. La movilidad sostenible no solo depende del vehículo o la fuente de energía: exige también cultura vial, normas claras y un compromiso colectivo con la seguridad.