España se ha fijado como objetivo alcanzar una mejora del 39,5 % en eficiencia energética en energía primaria para 2030, en cumplimiento de los compromisos europeos en materia de sostenibilidad. Para lograrlo, el Gobierno ha puesto en marcha el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), un mecanismo que permite acreditar y monetizar los ahorros de energía final derivados de actuaciones de eficiencia.
Desde su entrada en vigor en enero de 2023, el CAE se ha consolidado como una herramienta clave para canalizar inversiones hacia sectores intensivos en consumo energético, entre ellos, el transporte.
En este contexto, la movilidad eléctrica emerge como uno de los ámbitos con mayor potencial de impacto. La posibilidad de generar certificados a partir de actuaciones como la renovación del parque automovilístico, convierte al CAE en un instrumento eficaz para acelerar la descarbonización del transporte y facilitar el cumplimiento de los objetivos climáticos nacionales.
El CAE transforma los ahorros energéticos en activos financieros negociables, incentivando inversiones en eficiencia energética. Esta lógica de mercado permite a los sujetos obligados -empresas energéticas- cumplir sus cuotas de ahorro mediante actuaciones propias o promovidas por terceros. En el ámbito del transporte, esto se traduce en una oportunidad directa para acelerar la electrificación del parque automovilístico.
Las inversiones en vehículos eléctricos pueden generar certificados que, además de reducir el consumo energético, ofrecen retornos económicos tangibles. Esta monetización convierte el ahorro físico en valor financiero, haciendo que la movilidad eléctrica sea no solo sostenible, sino también rentable.
El sistema permite que tanto empresas como particulares participen en la generación de ahorros energéticos acreditables. Esto amplía el alcance del mecanismo y facilita la movilización de inversiones en sectores clave como el transporte, donde la sustitución de vehículos de combustión por eléctricos, la incorporación de sistemas de telemetría en los vehículos o la sustitución de los neumáticos por otros de mayor eficiencia pueden generar CAEs.
El CAE también se articula con otras políticas públicas. La futura Ley de Movilidad Sostenible, que persigue la descarbonización del transporte y la neutralidad climática en 2050, encuentra en este sistema un aliado. Las actuaciones que promueven la renovación del parque automovilístico por vehículos de cero emisiones son elegibles para generar certificados, lo que refuerza su impacto en la reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire urbano.
Además, el Real Decreto que regula el CAE permite su articulación con otros programas públicos de financiación. En este sentido, destaca la continuidad del Programa MOVES III, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025 con una dotación adicional de 400 millones de euros.
Este programa, gestionado por las comunidades autónomas y coordinado por el IDAE, ofrece ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 7.000 euros por vehículo si se acompaña de achatarramiento, y hasta un 70 % del coste de los puntos de recarga para particulares y empresas.
A ello se suma la deducción del 15 % en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, lo que refuerza el atractivo económico de estas inversiones. Esta medida se complementa con la posibilidad de que las comunidades autónomas simplifiquen los trámites administrativos, facilitando así el acceso a las ayudas.
La complementariedad entre el CAE y el MOVES III permite que las inversiones en movilidad eléctrica no solo se beneficien de subvenciones directas, sino que también generen certificados de ahorro energético. Esto multiplica el retorno económico para los inversores y refuerza el papel del transporte como uno de los sectores clave en la estrategia nacional de eficiencia energética.
Según los datos consolidados hasta septiembre de 2025, el sistema ha registrado un ahorro energético solicitado de aproximadamente 1.270 GWh, con un precio medio por MWh entre 115 y 140 euros. El sector del transporte representa más del 25 % del total de solicitudes de emisión de CAEs, con 229 solicitudes registradas. Estos datos reflejan una respuesta positiva del mercado y un interés creciente por aprovechar este instrumento.
Además de los beneficios económicos, el sistema contribuye a la mejora del entorno urbano. Al incentivar tecnologías de bajas emisiones y fomentar la movilidad colaborativa, se reducen los niveles de contaminación y ruido, lo que repercute positivamente en la salud pública y la calidad de vida, especialmente en los colectivos más vulnerables.
El Sistema de Certificados de Ahorro Energético ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad operativa con impacto medible. Los datos lo avalan, la normativa lo respalda y el contexto energético lo exige. Pero su verdadero potencial solo se alcanzará si el sector de la movilidad —fabricantes, operadores, administraciones y ciudadanía— lo incorpora como una herramienta estratégica, no como una obligación administrativa.
La electrificación del transporte necesita algo más que voluntad política: requiere mecanismos que alineen los intereses económicos con los objetivos climáticos. El CAE cumple esa función. Ignorarlo sería una oportunidad perdida; aprovecharlo, una decisión de futuro.
La transición hacia una movilidad más limpia no se logrará con discursos, sino con inversiones inteligentes, decisiones valientes y marcos que premien la eficiencia. El CAE es uno de esos marcos. El reto ya no es técnico, es de ambición. Y en esa carrera, cada kilovatio hora cuenta. El momento de actuar es ahora.
[ÁB1]Lo he cambiado ya que se incluyen también los operadores de energía