La Guardia Civil investiga al conductor de un autobús escolar que fue sorprendido cuadruplicando la tasa máxima de alcoholemia permitida mientras transportaba a 49 menores y cinco adultos por la autovía A-2, en la provincia de Soria. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, a la altura del término municipal de Santa María de la Huerta, durante un control preventivo de transporte, alcohol y drogas.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, el conductor presentaba “evidentes síntomas” de encontrarse bajo la influencia del alcohol cuando fue requerido por los agentes. Tras someterse a las pruebas reglamentarias, arrojó resultados de 0,67 y 0,63 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cifras que superan ampliamente el límite legal establecido para conductores profesionales de transporte escolar, fijado en 0,15 mg/l.
Un viaje escolar interrumpido por el control

El autobús trasladaba a un grupo de niños de entre nueve y 12 años, acompañados por dos monitores y tres profesores, que se dirigían a una excursión educativa. El control se produjo en torno a las 11:45 horas, cuando las patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil realizaban una inspección rutinaria en el kilómetro 176,6 de la A-2.
Ante la confirmación del positivo, los agentes ordenaron la inmovilización del vehículo. El autobús fue trasladado hasta un área de servicio cercana, donde quedó estacionado hasta la llegada de otro conductor de la empresa responsable del transporte, quien se hizo cargo del grupo para continuar el trayecto con normalidad.
No se registraron incidentes ni daños personales, aunque la intervención evitó un riesgo potencial considerable para los ocupantes del vehículo y el resto de usuarios de la vía.
Investigación por delito contra la seguridad vial

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria ha instruido diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. La conducción bajo los efectos del alcohol, especialmente en el caso de transporte escolar, está tipificada en el Código Penal y puede conllevar consecuencias penales relevantes.
Las actuaciones han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Almazán, en cuya sección civil y de instrucción se valorarán los hechos. El conductor investigado podría enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses, multa económica o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.
Llamamiento a la responsabilidad al volante
Desde la Guardia Civil se ha insistido en la importancia de evitar el consumo de alcohol y drogas antes de ponerse al volante, especialmente en servicios de transporte colectivo y escolar. Las autoridades recuerdan que este tipo de conductas incrementan de forma exponencial el riesgo de siniestros viales y ponen en peligro la vida de los ocupantes y del resto de usuarios de la carretera.
El caso ha generado preocupación por la gravedad de los hechos y reabre el debate sobre los controles preventivos y la responsabilidad en el transporte de menores, un ámbito en el que la tolerancia al alcohol es prácticamente nula por razones de seguridad.