El consejo de administración del fabricante japonés de automóviles Nissan decidió el pasado jueves destituir a Carlos Ghosn como presidente de la compañía, después de que este fuera detenido por supuesto fraude fiscal y malas prácticas tras una investigación interna de la empresa. Según informó Nissan, durante la reunión se valoró la relevancia de las acusaciones contra Ghosn y se confirmó que la alianza con Renault y Mitsubishi "se mantiene sin cambios", con el fin de minimizar el potencial impacto y la confusión en la colaboración diaria entre los socios de la misma.
El consejo de administración de la empresa se pronunció de esta forma, después de estudiar un informe detallado sobre la investigación interna que llevó a cabo en los últimos meses en relación con Carlos Ghosn y con Greg Kelly, que ejercía como director representante. Además, se optó por estudiar la creación de un comité especial para analizar con terceras partes independientes sus sistemas de gestión corporativa y controlar de mejor forma la remuneración de sus directivos.
Este organismo de dirección de la empresa nombró, de esta forma, a Masakazu Toyoda, Keiko Ihara y Jean-Baptiste Duzan como directores independientes encargados de la formación de este nuevo comité especial. Igualmente, también se aprobó la puesta en marcha de un comité asesor presidido por Masakazu Toyoda y en el que también participarán Ihara y Duzan, con el fin de proponer el nombramiento del nuevo presidente de la empresa, durante la próxima reunión del consejo, que se celebrará el próximo 17 de diciembre.
El cese Ghosn se produce después de que el pasado lunes, la compañía anunciara que su consejero delegado, Hiroto Saikawa, iba a proponer la destitución de este de sus responsabilidades en la entidad, tras llevar a cabo una investigación interna y descubrir que el directivo ocultó su remuneración real y que usó de forma personal activos corporativos. Nissan indicó que había llevado a cabo una investigación interna en los últimos meses en relación con la conducta de su presidente y también del director representante, Greg Kelly, en la que se demostraba que ambos habían reportado durante años remuneraciones al regulador nipón que eran inferiores a las cantidades reales, con el fin de reducir la cantidad pública.