El coche eléctrico no solo avanza al ritmo de las decisiones políticas, los lanzamientos de fabricantes y los avances tecnológicos. También se construye, de forma silenciosa, desde los portales de muchas comunidades de vecinos. Allí, donde antes se discutía por el uso del ascensor o el reparto de gastos comunes, ahora se debate sobre cómo instalar puntos de carga que permitan a los residentes dar el salto al vehículo eléctrico sin conflictos ni derramas.
En España, miles de personas ya han vivido este proceso. El impulso normativo lo ha dado la Ley de Propiedad Horizontal, que desde 2015 permite que cualquier propietario instale un punto de recarga individual en su plaza de garaje con solo notificarlo por escrito. Pero cuando la solución es colectiva, como una instalación troncal con varias derivaciones o un sistema con contadores compartidos, la situación se complica: requiere acuerdo comunitario y coordinación técnica, económica y jurídica. Aun así, cada vez son más las comunidades que lo logran.
La solución compartida
La normativa ICT-BT 52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece que todos los edificios de nueva construcción que cuenten con garaje deben incorporar una preinstalación que permita habilitar puntos de recarga en, al menos, el 10% de sus plazas. En el caso de edificios ya existentes que no disponen de esta infraestructura, cada propietario tiene la posibilidad de instalar un cargador en su plaza si así lo desea.
Esto se traduce en que los edificios nuevos con garaje, la ley obliga a dejar preparada al menos una de cada diez plazas para cargar coches eléctricos. En los edificios antiguos, cada vecino puede instalar un cargador en su plaza si lo decide.
Una de las soluciones que facilita la instalación de puntos de recarga en los garajes de las comunidades de propietarios es el servicio Zeplug, de la empresa ChargeGuru, lanzado en marzo de 2024. Este modelo permite a los usuarios acceder a puntos de recarga sin coste para la comunidad. La compañía financia la instalación y gestiona un sistema de facturación individual. Solo paga quien usa el servicio.
La red eléctrica común no se ve afectada. Con esta fórmula, vecindarios de Madrid o Valencia han instalado hasta siete cargadores en garajes compartidos, adaptando el consumo a tarifas valle y beneficiándose de subvenciones como el Plan MOVES III, que cubre hasta el 60% de la inversión.
Más allá del componente técnico, este fenómeno está generando nuevas formas de colaboración vecinal. Administradores de fincas, técnicos eléctricos, instaladores, ayuntamientos y asociaciones de vecinos trabajan conjuntamente para lograr acuerdos. Algunos municipios, como Murcia, están apostando por ampliar la red pública de carga (con 55 nuevos puntos dobles recientemente aprobados), lo que también incentiva a las comunidades privadas a dar el paso.
Este lado humano de la transición energética suele pasar desapercibido en los titulares. Sin embargo, muestra una verdad innegable: la movilidad sostenible también se construye desde abajo, en los espacios donde la convivencia cotidiana se enfrenta al reto de cambiar para mejor. Y en ese cambio, cada enchufe cuenta.