La transición hacia el vehículo eléctrico en España avanza, pero no al ritmo ni con las condiciones que muchos consumidores necesitan. Así lo advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que considera insuficiente el nuevo paquete de incentivos aprobado por el Gobierno dentro del Real Decreto-ley 2/2026 y el denominado Plan Auto+.
Aunque la nueva fórmula permite recibir la ayuda en el momento de la compra, uno de los cambios más demandados por el sector, la organización sostiene que el alcance económico y las medidas complementarias no son suficientes para impulsar de forma decisiva la electrificación del parque automovilístico.
El Plan Auto, más sencillo y rápido, pero muy corto
El plan forma parte de la estrategia Auto 2030, presentada por el Ejecutivo con el objetivo de reforzar la industria y facilitar el acceso a vehículos electrificados. Según explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la intención es que España produzca coches eléctricos competitivos y que su precio sea asumible para la mayoría de los ciudadanos.
Sin embargo, desde la OCU recuerdan que el principal freno sigue siendo el coste de adquisición, que mantiene al vehículo eléctrico fuera del alcance de una parte significativa de los hogares.
Uno de los cambios más relevantes del nuevo sistema es la reducción del importe máximo de ayuda directa. El incentivo pasa de los 7.000 € del modelo anterior a un máximo de 4.500 euros, al tiempo que desaparece la subvención para la instalación de un punto de recarga doméstico.
Para la organización de consumidores, esta combinación reduce el atractivo real del programa, especialmente en un contexto en el que el precio sigue siendo el factor determinante para la decisión de compra.
Además, la OCU considera insuficiente la dotación presupuestaria del plan. El Gobierno ha previsto 400 millones de euros para el Plan Auto+, una cantidad que, según la entidad, podría agotarse en pocos meses si se mantiene el ritmo actual de matriculaciones de vehículos enchufables.
A su juicio, la sostenibilidad no puede convertirse en un producto accesible solo para rentas altas y requiere un esfuerzo público mayor y sostenido en el tiempo.
A las ayudas directas se suma la deducción del 15 % en el IRPF, con un límite de hasta 3.000 euros, así como descuentos adicionales de unos 1.000 euros que muchos fabricantes o concesionarios ya ofrecen.
Estas medidas mejoran el coste final, pero no eliminan otras barreras estructurales que, según la OCU, siguen frenando la adopción masiva.
Entre ellas destaca la dificultad para acceder a tarifas eléctricas competitivas, especialmente para quienes no disponen de garaje propio y no pueden instalar un punto de carga doméstico. Esta situación afecta a un amplio colectivo de conductores urbanos, que dependen de la infraestructura pública o privada, generalmente más cara que la recarga en el hogar.
Precisamente, el despliegue de puntos de recarga es otro de los aspectos criticados. La organización denuncia que la red actual es todavía escasa y desigual, con una elevada presencia de operadores privados y precios significativamente superiores a los domésticos.
En este contexto, la OCU reclama una Estrategia Nacional de Recarga que garantice un acceso homogéneo y equitativo en todo el territorio.
Las peticiones de la entidad van más allá del aumento presupuestario. Entre sus propuestas figura recuperar las ayudas por achatarramiento de vehículos antiguos de combustión, una medida que facilitaría la renovación del parque móvil español, uno de los más envejecidos de la Unión Europea. También solicita reactivar los incentivos para la instalación de cargadores domésticos, especialmente dirigidos a los hogares con menor renta.
Otro de los puntos clave es la transparencia en el precio final. La organización pide que los consumidores dispongan de información clara que incluya el coste real del vehículo una vez aplicadas todas las ayudas y deducciones, así como mecanismos de control que eviten incrementos de precio que diluyan el efecto de los incentivos.
El objetivo de todas estas medidas, según la OCU, es acelerar una transición que no solo tiene implicaciones industriales, sino también ambientales y sociales. La renovación del parque contribuiría a reducir las emisiones y la contaminación urbana, pero solo será posible si el vehículo eléctrico deja de percibirse como una opción minoritaria.