El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido abiertamente las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la V Jornada de Movilidad Sostenible organizada por eldiario.es en Madrid. Allí aseguró que estas áreas “se ponen en marcha para evitar los usos irracionales de los vehículos privados” y negó que su finalidad sea obligar a nadie a cambiar de coche, sino reducir los desplazamientos más innecesarios en los centros urbanos.
Puente puso cifras a ese “uso irracional” del coche. Citando datos de ciudades medias españolas, ya que afirmó que “del 100% de desplazamientos en coche, el 20% son para no recorrer más de un kilómetro”. A su juicio, ese patrón de movilidad obliga a las administraciones a introducir “criterios de racionalidad” en el uso del vehículo privado, especialmente en los cascos históricos y zonas más congestionadas.
Las ZBE “no son una medida contra las clases trabajadoras”
El ministro insistió en que las ZBE no tienen como objetivo expulsar a quien no pueda permitirse un coche nuevo o con etiqueta “limpia”. De hecho, se esforzó en desmentir lo que calificó como un bulo: “esto de que si no tienes un coche no contaminante no puedes entrar, no es del todo cierto”, recordó, porque suele haber excepciones para acceder a consultas médicas, aparcamientos o determinados servicios, lo que en la práctica limita el tráfico diario pero no bloquea por completo la entrada de vehículos más antiguos.
En esa línea, Puente defendió que las ZBE “no son una medida contra las clases trabajadoras”, sino “una medida de racionalización de la utilización del coche privado”. Según su planteamiento, la clave está en reducir el uso excesivo del coche en el centro de las ciudades, apoyándose en la red de transporte público existente, como autobuses, metro y cercanías, para absorber buena parte de esos desplazamientos cortos que hoy se hacen en vehículo particular.
El ministro enmarcó su discurso en el contexto europeo. Recordó que alrededor de 300 ciudades del continente cuentan ya con zonas de bajas emisiones o están en proceso de implantarlas, y que la Ley 7/2021 de cambio climático obliga a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes (y a los de más de 20.000 con problemas de contaminación) a contar con una ZBE desde 2023. Pese a ello, la implantación en España ha sido lenta y desigual. Solo una parte de las ciudades ha cumplido el calendario, muchas zonas son muy pequeñas y no todas tienen régimen sancionador efectivo, según han señalado distintos informes y el propio Ministerio en los últimos años.
Puente lamentó que, mientras en buena parte de Europa la apuesta por la movilidad sostenible se percibe como un proceso “irreversible”, en España todavía se cuestionan medidas ya asentadas en otros países. Citó como ejemplo que “España es el único país de la UE en el que se está viendo meter la piqueta a carriles bici”, en referencia a decisiones municipales que han revertido infraestructuras ciclistas o han reducido la ambición de sus ZBE. Para el ministro, esa “resistencia” política y social retrasa una transición que otros socios europeos han asumido con mayor normalidad.
Durante su intervención, el titular de Transportes defendió también la necesidad de combinar la mejora del transporte público con medidas que desincentiven el coche. “No vale solo con tener un transporte público muy bueno; también hay que tomar medidas que desincentiven el uso del transporte privado por la vía de la limitación o de la prohibición”, explicó, justificando así el establecimiento de áreas perimetradas relativamente pequeñas en los centros urbanos donde se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes.
Estas declaraciones se suman a la línea que Puente viene manteniendo desde que llegó al Ministerio. En otras intervenciones ha defendido que el Gobierno debe premiar con más fondos a las ciudades que desplieguen ZBE ambiciosas y, al mismo tiempo, estudiar fórmulas para penalizar a aquellos ayuntamientos que incumplen la ley o recortan las zonas ya aprobadas, especialmente cuando se financian con recursos europeos vinculados a la descarbonización del transporte.
El debate sobre las Zonas de Bajas Emisiones sigue muy polarizado en España. Sus defensores subrayan que son una herramienta clave para reducir la contaminación y las emisiones de CO2, y recuerdan que la mala calidad del aire está asociada a miles de muertes prematuras cada año. Sus detractores, por el contrario, las tildan de medidas “clasistas” o “punitivas” para quienes necesitan el coche para trabajar y no pueden renovar su vehículo, y critican la instalación masiva de cámaras y multas alrededor de estos perímetros.
En ese contexto, Puente intenta colocar el foco en los comportamientos más difíciles de justificar, como ese 20% de desplazamientos en coche para recorrer menos de un kilómetro que menciona, y en la necesidad de que los centros urbanos dejen de funcionar como atajos para cruzar la ciudad en vehículo privado. Su mensaje de fondo es que las ZBE no buscan expulsar a nadie, sino cambiar patrones de movilidad que, a su juicio, ya no son sostenibles ni compatibles con los objetivos climáticos y de salud pública que España ha asumido junto al resto de la Unión Europea.