La transición hacia la movilidad eléctrica incorpora un nuevo instrumento que puede cambiar la forma en la que se financia la infraestructura de recarga en España.
El Gobierno ha aprobado un real decreto que transpone la Directiva europea RED III y crea un mercado de certificados energéticos, conocidos como e-credits, mediante el cual las compañías petroleras deberán contribuir económicamente al despliegue de la red de recarga para vehículos eléctricos.
¿Qué son los e-credits?
Los e-credits son certificados que acreditan el uso de electricidad renovable en el transporte por carretera. Cada vez que un operador de puntos de recarga suministra energía renovable a un vehículo eléctrico, genera un certificado asociado a esa electricidad.
Estos certificados podrán venderse en un mercado específico a las compañías obligadas a reducir la huella de carbono de los combustibles que comercializan. De este modo, los operadores de recarga obtienen una nueva fuente de ingresos mientras que las petroleras pueden acreditar el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la legislación europea.
El sistema establece tres tipos de participantes: los sujetos obligados, que son los operadores mayoristas de productos petrolíferos; los sujetos habilitados, entre los que se encuentran los operadores de infraestructura de recarga capaces de generar certificados; y otros agentes que únicamente aportan información estadística.
La medida no supone una subvención pública ni implica un gasto directo para las administraciones, pero sí introduce un nuevo coste para las empresas que comercializan combustibles fósiles. La gran incógnita es si parte de ese desembolso acabará trasladándose al precio que pagan los conductores al repostar gasolina o diésel.
Una obligación derivada de la normativa europea, sin dinero público, pero no sin costes
La creación de este mercado responde a la transposición de la Directiva RED III, que fija objetivos de descarbonización para el transporte.
La normativa obliga a reducir un 17,6 % las emisiones asociadas a los combustibles de carretera antes de 2030, porcentaje que aumentará hasta el 30 % en 2040.
Cumplir esos objetivos únicamente mediante la venta de gasolina y diésel resulta prácticamente imposible, por lo que las compañías deberán recurrir a mecanismos como los e-credits para compensar parte de sus emisiones.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo es que no depende de programas de ayudas financiados con los Presupuestos Generales del Estado, como el Plan Auto+.
En este caso no existe una subvención pública. El dinero circula directamente entre empresas: los operadores de recarga generan certificados y las petroleras los adquieren para cumplir sus obligaciones regulatorias.
Este planteamiento pretende ofrecer una financiación más estable para el despliegue de infraestructura, ya que no depende de convocatorias, presupuestos anuales o fondos extraordinarios. Mientras siga vigente la obligación legal de reducir emisiones, seguirá existiendo demanda de estos certificados.
¿Subirá el precio de la gasolina?
El real decreto no establece ningún incremento en el precio de la gasolina o el diésel, ni crea un nuevo impuesto para los conductores.
Sin embargo, desde un punto de vista económico, la introducción de un nuevo coste regulatorio abre la posibilidad de que las empresas repercutan parte de ese gasto en el precio final de sus productos.
En mercados competitivos, el grado de esa posible repercusión dependerá de múltiples factores, entre ellos el precio que alcancen los certificados, la competencia entre operadores petroleros y la evolución de la demanda de combustibles.
Por tanto, es posible que parte del coste termine reflejándose en el surtidor, aunque actualmente resulta imposible cuantificar cuánto podría aumentar el precio por litro, ya que el mercado de e-credits todavía debe desarrollarse y concretar su funcionamiento.
Más ingresos para ampliar la red de recarga
Para las empresas que operan puntos de recarga, los e-credits representan una nueva vía de financiación que puede acelerar la expansión de la infraestructura.
Estos ingresos adicionales podrían facilitar la rentabilidad de estaciones ya existentes y favorecer la instalación de cargadores en zonas donde actualmente la inversión resulta poco atractiva por su baja utilización.
Precisamente la escasez de infraestructura en determinadas áreas continúa siendo uno de los principales obstáculos para la adopción masiva del vehículo eléctrico en España.
Además, si los operadores mejoran su rentabilidad gracias a los certificados, también podrían disponer de mayor margen para contener los precios de la recarga pública, especialmente en estaciones rápidas y ultrarrápidas, uno de los aspectos que más preocupa actualmente a los usuarios.
Un cambio estructural para la movilidad eléctrica
El desarrollo reglamentario determinará muchos de los detalles prácticos del sistema, incluyendo la forma de reconocer la electricidad renovable y el funcionamiento definitivo del mercado de certificados.
No obstante, el cambio de modelo ya supone un punto de inflexión: por primera vez, las empresas dedicadas a la comercialización de combustibles fósiles estarán obligadas por ley a financiar, de manera indirecta, la expansión de la infraestructura que permitirá acelerar la sustitución progresiva de los motores de combustión por vehículos eléctricos.
Si el mecanismo funciona como prevé la normativa, los e-credits podrían convertirse en una de las herramientas más relevantes para impulsar la red de recarga en España durante la próxima década.