El desembarco de los fabricantes asiáticos en Europa ha abierto un complejo debate. La posibilidad de que un vehículo de origen chino obtenga la consideración de producto europeo es una realidad que ha obligado a reaccionar a los principales fabricantes del continente. La estrategia de marcas como Chery, que ha iniciado la producción de sus modelos en las antiguas instalaciones de Nissan en Barcelona importando los componentes desde sus fábricas matrices, ha encendido las alarmas. Ante este escenario de deslocalización inversa, la industria tradicional busca definir con precisión dónde termina un producto importado y dónde empieza uno de fabricación local.
Los tres mayores consorcios automovilísticos del continente, el Grupo Volkswagen, Renault y Stellantis, han constituido un frente común para exigir a la Comisión Europea unas directrices claras. Estas tres corporaciones, que representan el 70 % de la producción total de automóviles en la Unión Europea, han trasladado a Bruselas la necesidad urgente de simplificar y blindar el concepto de coche “hecho en Europa”. Se trata de un movimiento sin precedentes que pretende regular el acceso a incentivos públicos y proteger las cadenas de valor europeas.
Umbral mínimo para que un coche eléctrico se considere hecho en Europa
La alianza establece un listón muy concreto para otorgar el pasaporte comercial europeo. Según el documento remitido a los legisladores en Bruselas, para que un vehículo eléctrico o híbrido sea catalogado de forma oficial como hecho en Europa, al menos el 70 % de su valor total debe haberse generado dentro del Espacio Económico Europeo. El 30 % restante se reservaría al suministro exterior, permitiendo la importación de piezas sin que el producto final pierda el derecho a lucir la etiqueta de fabricación local. Esta exigencia quiere evitar que las factorías europeas se conviertan en meros centros de ensamblaje final de piezas fabricadas en Asia.
Teniendo esto en cuenta, es evidente que hay un componente con peso crítico: la batería. El paquete de baterías supone alrededor de la mitad del valor total del vehículo. Por tanto, si un fabricante importa las celdas y otros componentes desde plantas asiáticas, será inviable que el coche alcance el umbral exigido, sin importar que los neumáticos, elementos interiores o el montaje se realicen en suelo europeo.
La normativa ya cuenta con antecedentes en nuestro mercado. En España, los nuevos criterios aplicados a las ayudas estatales a la compra del Plan Auto+ ya incorporan esta filosofía de protección industrial. Para optar a las mayores cuantías de subvención, el marco regulatorio exige que el ensamblaje del paquete de baterías se ejecute de forma efectiva en una instalación de la UE. Este condicionante obliga a las marcas a realizar inversiones multimillonarias para levantar factorías de celdas en el continente, como la que el Grupo Volkswagen desarrolla en Sagunto o la que Stellantis proyecta junto a CATL en Zaragoza.
Una industria dividida ante el fantasma del proteccionismo
La petición de delimitar el concepto jurídico de fabricación local no ha sido recibida con el mismo entusiasmo por todo el sector. Fabricantes internacionales con arraigo histórico como Toyota u Honda, miran con recelo las demandas de Stellantis, Renault y Volkswagen. Estas marcas externas disponen de complejos centros de producción estratégicos situados en países colindantes a la Unión Europea, como el Reino Unido o Turquía, integrados en sus cadenas logísticas.
La imposición de un marco legal tan restrictivo, enfocado en los 27 Estados miembros, podría catalogar de la noche a la mañana como componentes extranjeros a piezas esenciales fabricadas en suelo británico o turco. Las marcas afectadas advierten de que un endurecimiento artificial de las reglas no solo rompería los flujos comerciales existentes, sino que incrementaría de forma directa los costes de fabricación de los vehículos híbridos y eléctricos compactos. El resultado final, según este análisis crítico, sería un encarecimiento generalizado del producto para el cliente final, dificultando el acceso de las clases medias a la movilidad sostenible.