La descarbonización de la aviación y el transporte marítimo es un objetivo a medio y largo plazo, pero será un proceso que exigirá una transformación energética de enormes dimensiones en España. Sustituir los combustibles fósiles que utilizan aviones y buques por alternativas sintéticas renovables obligará al país a movilizar cantidades ingentes de electricidad e hidrógeno verde, además de desarrollar una infraestructura industrial que todavía está lejos de ser una realidad.
Las cifras que pone sobre la mesa la nueva hoja de ruta de Transport & Environment (T&E), elaborada con el apoyo técnico del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas, son contundentes: España necesitará alrededor de seis millones de toneladas de hidrógeno verde y entre 294 y 301 TWh de electricidad en 2050 para fabricar estos combustibles.
Una demanda que aumentará de manera progresiva
La demanda eléctrica asociada a esta producción superará en un 15 % todo el consumo eléctrico nacional registrado en 2025, así que no se trata de una necesidad energética secundaria, sino de levantar prácticamente un nuevo sistema de producción y suministro para abastecer a dos sectores especialmente difíciles de electrificar directamente. Ante esa situación, reducir sus emisiones pasa casi obligatoriamente por el uso de combustibles sintéticos capaces de sustituir a los derivados del petróleo.
El informe calcula que el crecimiento de la demanda será progresivo, ya que el contenido energético de los combustibles sintéticos pasará de apenas 4 petajulios en 2030 a 27 en 2035, antes de dispararse hasta los 114 en 2040 y alcanzar los 518 petajulios en 2050. Durante los primeros años, la aviación concentrará buena parte de las necesidades, especialmente por el desarrollo del queroseno sintético o eSAF, impulsado por los objetivos establecidos en el reglamento europeo ReFuelEU Aviation. Más adelante, el transporte marítimo tomará el protagonismo: entre 2040 y 2045, su demanda pasará de 77 a 265 petajulios.
Para producir el hidrógeno necesario, España tendrá que instalar entre 37 y 50 gigavatios de electrolizadores si estos funcionan entre 6.000 y 8.000 horas anuales. Si se mantienen los niveles de utilización de entre 4.000 y 5.000 horas habituales en los proyectos actuales, la capacidad necesaria aumentaría hasta los 60 - 75 GW. En ambos casos, se trata de cifras muy superiores al objetivo de 12 GW contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030.
Pero el principal problema no está únicamente en la magnitud de las inversiones, sino en el tiempo disponible para ejecutarlas. Según T&E, las instalaciones que deberán suministrar eSAF entre 2030 y 2035 necesitan tomar sus decisiones finales de inversión durante 2026 y 2027. Lo que dificulta el movimiento es que las empresas deben comprometer miles de millones cuando la demanda todavía será reducida.
Un factor limitante: el carbono
La fabricación de combustibles sintéticos requiere CO2, cuya disponibilidad puede convertirse en una limitación. En 2050, las necesidades alcanzarían los 32 millones de toneladas si el transporte marítimo apuesta por el amoníaco o los 41,5 millones si opta por el metanol. Sin embargo, el potencial de CO2 biogénico disponible en España se sitúa en torno a 20 millones de toneladas anuales, lo que solo permitiría cubrir el 63 % de las necesidades del primer escenario y el 48 % del segundo.
A esto se suma una situación industrial de partida que tampoco invita al optimismo, porque, aunque España cuenta con proyectos anunciados equivalentes a unas 450.000 toneladas anuales de eSAF y 1,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo de e-amoníaco y e-metanol, actualmente funcionan menos de 50 MW de electrólisis. Menos de 800 MW han alcanzado la decisión final de inversión y ningún proyecto de eSAF lo ha hecho.
El último obstáculo lo supone la financiación, porque la electricidad representa entre el 60 % y el 80 % del coste del hidrógeno, por lo que cualquier encarecimiento energético repercute directamente en la rentabilidad de las plantas. Por eso, T&E propone varias posibles soluciones: impulsar contratos de compra a largo plazo, mecanismos de subastas de doble cara, mayor previsibilidad de los costes eléctricos y una planificación anticipada de las redes, los electrolizadores y las infraestructuras portuarias.