La Unión Europea ha anunciado un giro en su política de energías renovables al dejar de apoyar los biocombustibles obtenidos a partir de soja, una medida motivada por su vinculación con la deforestación y la degradación de ecosistemas, según diversos análisis ambientales recientes.
Esta decisión representa un ajuste importante en la estrategia comunitaria para frenar la destrucción de bosques en regiones productoras de soja, especialmente en América Latina, y alinea la normativa climática con los objetivos de protección forestal del bloque.
Los polémicos biocombustibles
Los biocombustibles como el biodiésel de soja se producen mediante un proceso químico llamado transesterificación, en el que el aceite vegetal extraído de la soja reacciona con un alcohol (generalmente metanol) y un catalizador para generar ésteres metílicos, el biodiésel, y glicerina como subproducto.
Este combustible renovable puede mezclarse con diésel convencional y, en teoría, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los combustibles fósiles, al aprovechar una materia prima producida por cultivos que capturan CO₂ mientras crecen.
Sin embargo, el debate sobre la sostenibilidad del biodiésel de soja se ha intensificado en los últimos años. Organizaciones ecologistas y estudios independientes han señalado que este tipo de biocombustible puede generar más emisiones de dióxido de carbono que el diésel tradicional cuando se considera el cambio indirecto de uso de la tierra (ILUC, por sus siglas en inglés).
En particular, cultivos intensivos de soja, destinados tanto a alimentación animal como a la producción de aceite para biocombustibles, se han asociado con la conversión de bosques tropicales y sabanas en superficies agrícolas. Esto conlleva emisiones significativas de carbono y pérdida de biodiversidad.
Una de las principales preocupaciones es que las plantaciones de soja, si bien son una materia prima renovable en teoría, en la práctica han sido un motor clave de deforestación en biomas como la Amazonía, el Cerrado y el Chaco. El aumento de la demanda de aceite de soja, incluido el destinado a biocombustibles, puede estimular la expansión agrícola a costa de áreas boscosas, contrarrestando los beneficios climáticos que supuestamente ofrece el biodiésel de origen vegetal.
Cambio en la Unión Europea
Ante este contexto, la UE ha ajustado sus políticas para reducir gradualmente el respaldo a los biocombustibles considerados de alto riesgo ambiental. Desde 2019, la normativa europea ya había etiquetado el aceite de palma como una materia prima no sostenible debido a su estrecha relación con la deforestación; ahora, autoridades y grupos ambientales demandan aplicar criterios similares al aceite de soja.
El cambio implica que los biocombustibles derivados de cultivos alimentarios y forrajeros, como la soja, dejen de contar para los objetivos de energías renovables del bloque, en favor de biocombustibles de segunda generación producidos a partir de residuos.
El Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación, que debe aplicarse progresivamente hasta 2026, obliga a las empresas que comercialicen productos como la soja a demostrar que estos no proceden de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Aunque este reglamento no abarca directamente los biocombustibles, sí ha sentado las bases para que Bruselas cuestione el papel de cultivos agrícolas en la matriz energética por su impacto forestal.
Los grupos ecologistas celebran el enfoque más estricto, al considerar que prioriza la protección de bosques y la lucha contra el cambio climático. Argumentan que mantener los biocombustibles de soja dentro de los objetivos de energías renovables, tal y como ha ocurrido hasta ahora, constituye una incoherencia legislativa, pues permite que un producto ligado a la deforestación cuente como “renovable” en las estadísticas oficiales.
No obstante, sectores agrícolas y organizaciones de comercio han expresado preocupación por las implicaciones económicas de esta política. La Unión Europea consume entre 30 y 34 millones de toneladas de soja al año para alimentación animal y otros usos industriales, según datos sectoriales, y limitar el apoyo a los biocombustibles de soja podría afectar a los mercados y a la competitividad de ciertos productos agrícolas.
Además, las exigencias de certificación para demostrar que la soja no proviene de tierras deforestadas introducen nuevos costes y desafíos logísticos para los exportadores, que deben geolocalizar sus parcelas, proporcionar imágenes satelitales y mantener segregados los lotes certificados. Estos requisitos, aunque buscan garantizar la trazabilidad y reducir la deforestación importada, han sido considerados complejos y costosos por productores de países exportadores.
La postura de la UE refleja una transición hacia biocombustibles más sostenibles, principalmente de segunda generación, elaborados a partir de residuos orgánicos, aceites usados o subproductos industriales, cuyos impactos ambientales son menores en comparación con los derivados de cultivos destinados a alimentación o piensos. Este enfoque responde a la necesidad de equilibrar los objetivos de reducción de emisiones con la preservación de ecosistemas y la seguridad alimentaria.