La red de carreteras del Estado inicia una transformación silenciosa que afecta directamente a la forma en que circulan los ciclistas fuera de las ciudades.
Una modificación del Reglamento General de Carreteras, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en octubre de 2025, introduce la posibilidad de sustituir los arcenes por carriles bici en determinados tramos, alterando un modelo de convivencia vial consolidado durante décadas.
Adiós a los arcenes para los ciclistas en estas carreteras
Hasta ahora, la normativa de tráfico establecía que los ciclistas debían circular por el arcén derecho siempre que este fuera practicable, reservando la calzada solo para situaciones concretas. Ese espacio se había convertido en la referencia básica de seguridad para quienes utilizaban la bicicleta en vías interurbanas.
La nueva regulación no elimina esa posibilidad de forma general, pero introduce un cambio clave: la Dirección General de Carreteras puede reducir o suprimir los arcenes en tramos de la red estatal para habilitar infraestructuras ciclistas específicas, como carriles bici segregados o itinerarios adyacentes.
Esta medida se aplicará principalmente en carreteras con baja intensidad media diaria de tráfico o en vías con varios carriles por sentido, donde técnicamente se considere viable. En todos los casos será obligatorio un informe técnico que garantice que la seguridad vial no se ve comprometida y que la funcionalidad de la carretera se mantiene intacta.
El objetivo declarado es doble. Por un lado, reducir la exposición de los ciclistas al tráfico motorizado mediante espacios segregados. Por otro, dar continuidad a itinerarios ciclistas interurbanos, conectando núcleos urbanos y zonas rurales con infraestructuras específicas.
En la práctica, esto supone que en algunos tramos donde antes existía un arcén transitable, este podría desaparecer para dar paso a un carril bici o, en determinados casos, a una reconfiguración completa del espacio vial.
El cambio introduce también nuevas implicaciones operativas. Los arcenes no solo eran utilizados por ciclistas, sino también por vehículos en situaciones de emergencia, averías o maniobras puntuales. Su eliminación obliga a replantear la gestión de estos escenarios, aunque la normativa exige que estos usos sigan garantizados.
Desde el punto de vista institucional, la reforma se enmarca en las políticas de movilidad sostenible y en la estrategia de impulso de la bicicleta como medio de transporte habitual. Sin embargo, entre los usuarios habituales de la bicicleta surgen dudas relevantes. Uno de los principales temores es la falta de continuidad y calidad de los carriles bici, especialmente en entornos rurales o periurbanos, donde estas infraestructuras pueden ser discontinuas, estrechas o compartidas con peatones.
Además, la desaparición del arcén podría reducir las alternativas de circulación en rutas largas o deportivas, obligando a los ciclistas a utilizar infraestructuras específicas incluso cuando no se adapten a sus necesidades.
La normativa no establece una prohibición general de circular por carretera, pero sí abre la puerta a que, en los tramos modificados, el espacio tradicional desaparezca. En esos casos, los ciclistas deberán utilizar las nuevas infraestructuras o compartir la calzada, dependiendo de la configuración final de la vía.
En paralelo, la aplicación práctica de la medida dependerá de cada proyecto concreto. No existe una implantación uniforme, sino que serán las administraciones las que decidan dónde actuar, siempre bajo criterios técnicos.
De fondo, la reforma refleja un cambio de paradigma: la carretera deja de ser un espacio diseñado casi exclusivamente para el vehículo a motor y pasa a integrar de forma más estructural la bicicleta.
La modificación del BOE no elimina a los ciclistas de la carretera, pero sí redefine su lugar en ella. Y ese cambio, más que normativo, será decisivo en la experiencia real de quienes la utilizan cada día.