El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado una modificación en el Reglamento General de Carreteras que reorienta la gestión del espacio vial fuera de los entornos urbanos. Desde el pasado 10 de octubre, la medida, aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, implica una decisión sin precedentes: la posibilidad de sustituir el arcén por un carril bici segregado en tramos de las carreteras nacionales de la Red Estatal.
Esta nueva normativa, recogida en la Disposición Adicional Tercera, busca impulsar la movilidad sostenible y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte seguro en trayectos interurbanos, especialmente en aquellos puntos donde la intensidad media diaria de tráfico (IMD) es reducida.
Un cambio de prioridades que requiere un informe técnico obligatorio
La intención es clara: aprovechar el espacio disponible para dar continuidad a rutas ciclistas o crear nuevos itinerarios protegidos, en línea con los objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible.
La medida no es de aplicación indiscriminada. La reducción o eliminación del arcén solo podrá llevarse a cabo en carreteras multicarril y carreteras convencionales con baja intensidad de tráfico. Además, el Real Decreto establece una condición ineludible: la decisión debe estar sustentada por un informe técnico preceptivo y vinculante que evalúe y garantice de forma estricta que la transformación de la vía no supondrá un riesgo para la seguridad vial y que no dificultará las tareas esenciales de la carretera, como el mantenimiento o las posibles evacuaciones.
Este requisito técnico pretende equilibrar la balanza entre la promoción de la bicicleta y la funcionalidad de la infraestructura, que hasta ahora reservaba el arcén como una zona crucial para detenciones de emergencia o el tránsito seguro de vehículos lentos, además de ser el espacio de circulación reglamentario para los ciclistas en carretera.
Se abre el debate entre la seguridad y la restricciones a la movilidad de los ciclistas
La publicación de esta norma ha encendido el debate en España, polarizando las opiniones dentro del propio colectivo ciclista y entre los usuarios de vehículos a motor.
Por un lado, la medida es vista como un avance en la seguridad vial, ya que el carril bici segregado elimina la fricción directa con los vehículos a motor, ofreciendo un espacio físico y protegido, especialmente valorado por el cicloturismo y el uso recreativo familiar. En carreteras con arcenes estrechos o inexistentes, esta solución podría ser un salvavidas.
Por otro lado, la preocupación principal de algunos colectivos y ciclistas radica en una posible restricción futura a su derecho a circular por la calzada. El Reglamento General de Circulación ampara actualmente a las bicicletas como vehículos con derecho a usar la calzada, circulando por el arcén si es transitable, o por el carril si el arcén no existe o no es seguro. La creación de una vía ciclista adyacente, en el espacio donde antes estaba el arcén, podría interpretarse como la obligación de usar esa nueva infraestructura, impidiendo a los ciclistas rodar por la calzada, incluso en tramos de entrenamiento o en grupo.
El temor es que esta eliminación del arcén para construir la vía segregada pueda, paradójicamente, dejar a los ciclistas sin su franja de seguridad tradicional y obligarles a compartir el carril principal con el tráfico motorizado en los puntos donde el carril bici se interrumpa o donde la anchura del carril sea insuficiente.
La priorización de la bicicleta en detrimento del espacio históricamente reservado para el vehículo a motor (el arcén) es un síntoma de cómo las políticas públicas se inclinan hacia el transporte activo y la reducción de la huella de carbono.
Aunque el vehículo eléctrico ya supone una alternativa más limpia, la normativa española está diseñando un ecosistema donde la bicicleta es una pieza esencial en los desplazamientos de corta y media distancia. La Red Estatal de Carreteras se convierte en un escenario de convivencia donde la seguridad y la accesibilidad de los usuarios más vulnerables, como los ciclistas, dictan las nuevas reglas de diseño de infraestructuras, un paso que refleja la profunda transición que vive el transporte en España.
El desarrollo práctico de esta Disposición Adicional, y el impacto real en la seguridad y en la fluidez del tráfico, se verá a medida que las administraciones autonómicas y locales comiencen a aplicar el nuevo Reglamento en tramos concretos de la red viaria estatal.