Electrificar las carreteras. Es el reto de la década en la que vivimos. España sigue rezagada respecto a Europa en lo que se refiere al despliegue del vehículo eléctrico, pero los datos del mercado empiezan a dibujar una tendencia positiva. Las matriculaciones de motorizaciones cien por cien eléctricas representaron, en el último mes, el 9,52% del total. Un porcentaje que asciende a más del 20% del total de las ventas si se tienen en cuenta también las ventas de híbridos enchufables.
Algo ha cambiado en el último año en el sector. Los consumidores parecen despojarse, poco a poco, del temor a la electromovilidad y cada vez son más los que se atreven a dejar de lado la movilidad privada basada en combustibles fósiles. Los precios competitivos de algunas marcas chinas tienen mucho que ver en todo esto.
Con todo ello, el país se asienta ya como la quinta economía europea con mayor cuota de matriculaciones de turismos electrificados, por detrás de Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal. La confianza de los consumidores es clave y, sin duda, existen políticas públicas que podrían despejar cualquier atisbo de duda. Una de ellas tiene que ver con la red de puntos de recarga que, sin lugar a duda, se presenta como uno de los condicionantes más poderosos en el proceso de compra de un vehículo eléctrico.
Políticas municipales de apoyo a la electrificación
La fiscalidad ha demostrado ser una herramienta con una gran capacidad transformadora. Por ejemplo, que los vehículos eléctricos puedan estacionar en el centro de las ciudades o no pagar en estacionamiento regulado es un aliciente, así como disponer de una menor carga en los impuestos municipales. El éxito más evidente está en el autoconsumo, ya que el 67% de los ayuntamientos bonifican el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que los ciudadanos con tejados solares puedan pagar menos.
Entonces, ¿por qué no aplicarlo también en la instalación de puntos de recarga? Conseguir que los ciudadanos puedan bonificar sus tasas municipales para instalarse puntos de recarga en sus aparcamientos privados puede ser un aliciente más que movilice a la ciudadanía y, de paso, una suerte de premio fiscal para aquellos que deciden dejar de lado la movilidad fósil.
Pero no nos quedemos ahí. Los consistorios españoles a través de sus políticas económicas pueden hacer que las empresas que deciden instalar puntos de recarga puedan bonificar impuestos clave como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
En España, según los datos que hemos publicado desde la Fundación Renovables y AEDIVE, sólo el 18% de los ayuntamientos ofrecen ventajas fiscales para instalaciones de puntos de recarga. Un porcentaje que no está a la altura de las expectativas que nos hemos marcado como país para electrificar nuestro transporte.
Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PENIEC), para 2030 deberíamos tener matriculados 5,5 millones de vehículos. Para alcanzar esta cifra necesitamos, claro está, elevar las ventas, pero también ofrecer ventajas a los consumidores y empresas que apuestan por ello. Una empresa que está barajando descarbonizar su flota de vehículos puede ver la bonificación de impuestos, como el IAE, como una oportunidad para realizar la inversión con un menor coste global.
Las medidas fiscales deben servir de apoyo a los ciudadanos y a las empresas privadas que deciden dar un paso crucial para su economía y para la de su entorno. Por eso, los ayuntamientos deben avanzar al unísono para garantizar que las tres ordenanzas fiscales más importantes de nuestro país, el IBI, el ICIO y el IAE ofrecen compensaciones para la instalación de infraestructuras de recarga.
Los alcaldes de nuestro país deben entender que impulsar la electromovilidad no sólo situará a sus ciudades a la vanguardia de la movilidad sostenible, sino que permitirá avanzar hacia ciudades con una mejor calidad del aire y una menor contaminación acústica. Disponer de políticas fiscales que faciliten fortalecer la red de puntos de recarga debe entenderse como una piedra más en el camino hacia la descarbonización del transporte y nuestros municipios deben ponerse manos a la obra cuanto antes.