La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF), dependiente del Ministerio de Economía de Francia, exigió a Tesla que interrumpa, en un plazo de cuatro meses, una serie de “prácticas comerciales engañosas” o se enfrente a sanciones por cada día de demora en el cumplimiento.
Tras una investigación iniciada en 2023, el organismo galo concluyó que la firma estadounidense había inducido a error a sus clientes en torno a la capacidad de conducción totalmente autónoma de sus vehículos, además de emitir contratos de compraventa sin detallar fecha, hora o lugar de entrega y de demorar devoluciones de pagos cuando los consumidores ejercían su derecho de desistimiento.
Si no era suficiente con las ventas, ahora llega la multa
Según la DGCCRF, Tesla venía promocionando comercialmente funciones de autonomía plena que en la práctica no estaban disponibles, lo que vulnera la normativa europea de protección al consumidor. Al mismo tiempo, los contratos de venta carecían de información esencial, como los plazos de entrega, y en ocasiones se solicitaban pagos anticipados antes de finalizar el periodo legal de desistimiento, impidiendo ejercer el derecho de devolución sin penalización.
La sanción incluye multas diarias de 50.000 € a partir del quinto mes si Tesla no adapta sus prácticas a la legislación vigente, una cifra que podría acumularse de forma significativa y presionar a la compañía a modificar sus métodos de venta y comunicación en suelo europeo. A día de hoy, Tesla no ha emitido una respuesta oficial pública ni ha aclarado si recurrirá la decisión ante los tribunales franceses.
Desde la apertura de la investigación, un grupo de propietarios franceses presentó una demanda colectiva contra Tesla, reclamando la devolución de cantidades abonadas y daños por publicidad engañosa, al considerar que habían comprado prestaciones que el vehículo no podía ofrecer Asimismo, asociaciones de consumidores en otros países de la UE han iniciado revisiones de posibles infracciones similares, en busca de homogeneizar la protección del usuario frente a prácticas abusivas.
El contexto de esta medida se inscribe en un momento delicado para Tesla en Europa, donde sus ventas han caído notablemente en los últimos meses, con descensos de hasta el 39% en el primer cuatrimestre de 2025, según datos sectoriales. Este desplome se ha atribuido tanto a la creciente competencia de marcas europeas en el segmento de eléctricos como a la polémica generada por las vinculaciones políticas de su consejero delegado, Elon Musk, lo que ha afectado a la percepción de marca.
Una denuncia que puede sentar jurisprudencia
En paralelo, la Comisión Europea observa con atención el caso, ya que podría sentar jurisprudencia respecto al tratamiento de servicios digitales vinculados a productos físicos. La regulación de los derechos del consumidor en la UE incluye el Reglamento de Prácticas Comerciales Desleales, que prohíbe la omisión de información esencial en la oferta de productos y servicios, algo que la DGCCRF considera vulnerado en el caso Tesla.
La orden de la DGCCRF no solo implica un cambio en la comunicación y la redacción de contratos, sino que puede afectar al desarrollo comercial de nuevas funciones de software que Tesla ofrece por suscripción, como los paquetes Full Self-Driving (FSD). Hasta ahora, la compañía promocionaba estas opciones sin ofrecer plazos claros de entrega o garantías de disponibilidad, una práctica que ahora deberá revisarse y concretarse bajo la supervisión de la autoridad francesa.
La repercusión de esta sanción ha generado un debate en el sector sobre la conveniencia de las ventas cruzadas de hardware y software en el automovilismo. Mientras Tesla consigue ingresos recurrentes a través de actualizaciones remotas y funciones bajo demanda, los reguladores europeos cuestionan si este modelo respeta el marco legal de ventas y garantías, especialmente cuando la funcionalidad promocionada depende de desarrollos futuros de software.
Para reinstaurar la confianza de los consumidores, Tesla podría verse obligada a clarificar y documentar exhaustivamente cada función ofrecida y a garantizar la fecha de su disponibilidad, así como a adelantar las condiciones de reembolso en caso de desistimiento. De no hacerlo, la acumulación de multas diarias multiplicaría la sanción económica, lo que, a juicio de analistas, podría impactar directamente en sus resultados financieros en el Viejo Continente.
Expertos en derecho del consumidor señalan que esta resolución puede servir de precedente para otras empresas tecnológicas que combinen productos físicos con servicios digitales, impulsando una mayor transparencia y protección en la comercialización de vehículos eléctricos con funciones conectadas. Además, pone de manifiesto la creciente intervención de las autoridades nacionales y europeas en la supervisión de prácticas comerciales en la era de la electrificación y la digitalización del automóvil.