El Pleno del Ayuntamiento de Madrid rechazó este lunes la propuesta de indemnizar a los propietarios que decidieron achatarrar su vehículo sin etiqueta ambiental ante la expectativa de que no podrían circular por la capital por las restricciones del plan Madrid 360, pese a que posteriormente se aprobaron moratorias que permiten su uso durante 2025 y 2026 a los empadronados en la ciudad.
La decisión ha suscitado críticas entre representantes políticos y asociaciones de conductores afectados, que han defendido el derecho a compensación por lo que consideran un perjuicio económico injusto.
Cambio en las restricciones en el último momento
El debate gira en el contexto de transición hacia una movilidad más limpia, en el que las Zonas de Bajas Emisiones y las restricciones progresivas a los vehículos más contaminantes son herramientas utilizadas por las grandes ciudades europeas para cumplir con los objetivos de calidad del aire y las directrices de la Unión Europea.
En la capital de España, la polémica gira en torno a la aplicación de Madrid 360, la estrategia de movilidad sostenible que incluye la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el término municipal y que, en principio, prohibía la circulación de los coches más antiguos, que carecen de distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Originalmente, se anunció que estos vehículos sin etiqueta no podrían circular a partir del 1 de enero de 2025, una medida que afectaba a cientos de miles de automóviles en la capital.
Sin embargo, tras el anuncio de la restricción, el Ayuntamiento, encabezado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acordó prolongar hasta el 31 de diciembre de 2026 la moratoria que permite que los vehículos sin etiqueta que estén empadronados en Madrid sigan circulando.
Esta prórroga responde, según los responsables municipales, al bajo impacto medioambiental de estos coches y al equilibrio entre calidad del aire y movilidad de los ciudadanos, aunque solo beneficia a los residentes en la ciudad y no a los vehículos domiciliados fuera de ella.
La decisión de no establecer una indemnización provocó críticas desde varios grupos políticos. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, sostuvo que la política de restricciones ha causado un “daño económico y moral” a miles de madrileños que, al deshacerse de sus vehículos pensando en las prohibiciones, han visto frustradas sus expectativas. Ortega Smith apeló a que la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a ser compensados por lesiones a sus bienes derivados del funcionamiento de servicios públicos, recordando que muchos de esos coches pasaban la ITV, pagaban impuestos y contaban con seguro vigente antes de ser achatarrados.
Desde el equipo de gobierno, Carabante defendió que Madrid 360 ha cumplido sus objetivos, que son mejorar la calidad del aire al tiempo que se mantienen las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Subrayó que el Ayuntamiento ha destinado 111 millones de euros en ayudas para quienes han renovado sus vehículos, con incentivos para la compra de coches más sostenibles y eléctricos, con el objetivo de acompañar la transición hacia una flota más limpia sin dejar de apoyar a las familias y a las empresas afectadas.
La propuesta también abrió debate interno entre los propios partidos que apoyan la política de movilidad. El concejal socialista Ignacio Benito instó a que se contacte con los alrededor de 12.000 madrileños que todavía utilizan vehículos sin etiqueta para entender mejor las razones por las que aún no han renovado su coche. Benito señaló que conocer las circunstancias reales de estos conductores podría permitir adaptar mejor las ayudas y apoyar eficazmente el cambio hacia vehículos menos contaminantes.
Además, la concejala de Más Madrid, Esther Gómez, criticó duramente la propuesta de indemnización presentada por Vox, calificándola de “negacionista” y acusándola de disfrazar un interés partidista bajo la defensa de los más vulnerables. Gómez enfatizó que la prioridad debe ser proteger la salud de todos los madrileños y madrileñas, independientemente de si utilizan o no un coche, y que las políticas públicas deben centrarse en un enfoque amplio de sostenibilidad.