El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 de la moratoria que permite a los vehículos sin etiqueta medioambiental seguir circulando por la capital, decisión que ha provocado un intenso debate político sobre la coherencia de las políticas de movilidad y el impacto en el parque automovilístico de la ciudad.
Esta prórroga, aprobada en la Junta de Gobierno municipal, se encuadra dentro de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), que regula las restricciones de acceso en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Según el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la medida responde al reducido número de vehículos sin etiqueta circulando en Madrid (entre 14.000 y 15.000 frente a los casi 4,8 millones de accesos diarios) y su “bajo impacto ambiental”.
Muchos ciudadanos cambiaron de coche por esta ordenanza
Madrid es una de las grandes ciudades europeas que ha implementado ZBE con el objetivo de mejorar la calidad del aire, alineándose con directrices nacionales y comunitarias para reducir emisiones y fomentar la renovación del parque automovilístico.
La normativa prohíbe la circulación de vehículos sin distintivo medioambiental en la ciudad desde hace tiempo, pero la administración local había otorgado prórrogas excepcionales para los vehículos empadronados en Madrid a fin de evitar sanciones a sus propietarios durante el proceso de transición.
El Ayuntamiento ha decidido prorrogar, por segunda vez, la excepción que permite a los vehículos sin etiqueta medioambiental (Etiqueta A) seguir circulando. Aunque la normativa inicial fijó el fin de esa etapa el 31 de diciembre de 2024, el Consistorio concedió primero una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 y ahora, según ha comunicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.
La medida se aplica únicamente a coches cuyos propietarios estén empadronados en Madrid o figuren en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de la capital. Carabante sostiene que su impacto en las emisiones es ya “residual” y que los niveles de CO₂ están claramente por debajo de los registrados en 2019.
Durante 2025 muchos conductores han renovado su automóvil por modelos con etiqueta C de la DGT o por alternativas híbridas y eléctricas. El Ayuntamiento confía en que la nueva demora facilite esa transición voluntaria, mientras se refuerzan incentivos y se amplía la infraestructura de recarga.
La intención oficial es combinar plazos flexibles con ayudas para que la sustitución del parque móvil sea ordenada y justa. Para los defensores de la movilidad eléctrica, la prórroga supone una oportunidad para acelerar la adopción de vehículos cero emisiones sin imponer cambios bruscos a las familias.
La prolongación de la moratoria no ha satisfecho a todos los grupos políticos. Desde el PSOE y Más Madrid, que han tachado la estrategia del Gobierno municipal de insuficiente y contradictoria con los objetivos ambientales. El concejal socialista Ignacio Benito ha rechazado la ampliación, señalando que la moratoria es una “trampa” que diluye la eficacia de las ZBE y no aborda las necesidades reales de movilidad sostenible de las familias, especialmente en lo que respecta a la falta de estaciones de carga para vehículos eléctricos. También ha criticado que los recursos municipales no acompañan la aspiración de transformar el parque automovilístico hacia modelos más limpios.
Por su parte, la concejala de Más Madrid, Esther Gómez, ha calificado la decisión como un “retroceso deliberado” en materia ambiental, argumentando que sólo beneficia a una fracción mínima de la población mientras se desatiende la salud pública y la calidad del aire en la ciudad.
El Grupo Municipal VOX ha anunciado que llevará al próximo Pleno una proposición para que el Ayuntamiento indemnice a los madrileños que decidieron achatarrar sus coches sin etiqueta antes de la implementación de las moratorias.
El portavoz de VOX en el Consistorio, Javier Ortega Smith, ha acusado al alcalde José Luis Martínez-Almeida de actuar con “oportunismo electoral” al extender la excepción después de que miles de conductores ya hubieran optado por deshacerse de sus vehículos para cumplir con las restricciones vigentes. Ortega Smith ha calificado la decisión de “oportunista” y ha augurado que la misma lógica se repetirá antes de las elecciones de 2027, en un intento de “ganar votos”.
Desde VOX, se argumenta que aquellos propietarios que sacrificaron su coche deben ser compensados por lo que consideran una injusticia política y económica. La formación sostiene que esta indemnización debería ir más allá de las ayudas actuales por achatarramiento, normalmente 1.500 euros, para reflejar el valor real de los vehículos retirados.
Se mantienen las ayudas
El Ayuntamiento mantiene las subvenciones por achatarramiento de vehículos más contaminantes sin etiqueta, actualmente dotadas con 1.500 euros por coche. Carabante ha defendido que quienes ya han descartado sus coches “no se arrepienten” tras conocer la prórroga, en la medida en que las ayudas siguen disponibles y se garantiza una alternativa a la prohibición absoluta de circulación.
La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible se espera que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a mediados de diciembre, dando paso a un período de alegaciones de 30 días. Entre las medidas asociadas, están cambios en el sistema de estacionamiento regulado (SER), expansión de zonas reguladas y el refuerzo de infraestructuras de movilidad sostenible.