La actual volatilidad energética internacional, marcada por conflictos como la escalada bélica en Oriente Medio, ha provocado un fuerte encarecimiento del petróleo y el gas, haciendo que el paso por la gasolinera sea cada vez más doloroso y reforzando las ventajas económicas que presentan los coches eléctricos frente a los modelos de combustión. El menor coste por kilómetro recorrido, especialmente cuando se combina la recarga doméstica con opciones públicas, sitúa al coche eléctrico como una alternativa cada vez más competitiva. Sin embargo, en España, esta transición avanza más lentamente de lo esperado por un obstáculo estructural clave: la falta de infraestructura de recarga accesible para la mayoría de la población.
Según AEDIVE, más del 70 % de los ciudadanos españoles no dispone de garaje propio ni de una plaza de aparcamiento donde instalar un punto de recarga. Esta limitación hace inviable la carga doméstica, considerada la forma más cómoda y económica de recargar un vehículo eléctrico. En consecuencia, el desarrollo de la movilidad eléctrica depende en gran medida de la disponibilidad de infraestructuras públicas que permitan cubrir esta necesidad cotidiana.
Una infraestructura clave para el despliegue del coche eléctrico
En este contexto, la experiencia de otros países de la Unión Europea ofrece una referencia clara. En numerosas ciudades europeas, el despliegue masivo de puntos de recarga pública en corriente alterna (AC) ha sido determinante para acelerar la adopción del vehículo eléctrico. Este tipo de infraestructura, instalada en calles, barrios, zonas comerciales o aparcamientos públicos, presenta ventajas significativas: requiere menor inversión, es más fácil de implementar, demanda menos potencia eléctrica y se integra mejor en el entorno urbano.
Pero su principal valor radica en su capacidad para adaptarse a los hábitos reales de los ciudadanos. Bajo el lema “coche aparcado, coche cargando”, este modelo permite que el vehículo se recargue mientras el usuario realiza otras actividades cotidianas, como trabajar, hacer la compra, ir al gimnasio o disfrutar del ocio. La idea tras esto es que la recarga deje de ser una acción específica que requiere tiempo y planificación, para pasar a ser un proceso natural e integrado en la vida diaria.
Además, la recarga en AC es notablemente más económica que la carga rápida o ultrarrápida en corriente continua (DC), lo que la convierte en la opción más accesible para quienes no pueden cargar en casa. Desde el punto de vista técnico, estos puntos suelen operar con potencias de entre 7 y 11 kW, lo que reduce la necesidad de reforzar la red eléctrica y evita picos de demanda. Asimismo, permiten implementar sistemas de “smart charging” que optimizan el consumo en horas valle, reducen costes para el usuario y favorecen la integración de energías renovables.
El coste de despliegue también es un factor determinante. La instalación y operación de puntos de recarga en AC puede ser entre cinco y diez veces más económica que la de estaciones de carga rápida, lo que facilita su expansión a gran escala por parte de administraciones públicas y operadores privados. Esta escalabilidad es clave para alcanzar una cobertura suficiente que genere confianza entre los usuarios potenciales.
Los datos recogidos en distintas ciudades europeas confirman esta tendencia. Operadores especializados en recarga urbana han observado que, cuando la infraestructura es accesible, fiable y está bien distribuida, la carga en AC se convierte en un catalizador de la movilidad eléctrica. Las sesiones de recarga suelen aportar entre 10 y 25 kWh, con duraciones de entre una hora y media y cuatro horas, y costes relativamente bajos, lo que encaja perfectamente con los patrones de uso urbano.
El indicador más revelador es la relación entre densidad de puntos de recarga y adopción del vehículo eléctrico. En aquellas ciudades que han alcanzado entre 0,5 y 1 punto de carga en AC por cada 100 habitantes, las matriculaciones de vehículos eléctricos han crecido entre un 20 % y un 40 % anual. La infraestructura no solo responde a la demanda existente, sino que la impulsa activamente al eliminar barreras y generar confianza.
La situación de España
Frente a este escenario, España se enfrenta a un desafío claro. A pesar de que el contexto energético favorece la electrificación del transporte, muchas ciudades aún no han desplegado la infraestructura necesaria para que esta transición sea inclusiva. La falta de puntos de recarga pública en AC limita el acceso al vehículo eléctrico precisamente entre quienes más lo necesitan, los ciudadanos sin garaje propio.
Las causas de este retraso pueden ser diversas, desde limitaciones presupuestarias hasta falta de planificación o prioridad política. Sin embargo, AEDIVE apunta que el resultado es una barrera estructural que frena el desarrollo de la movilidad eléctrica. Superarla pasa por adoptar un enfoque similar al de otros países europeos, donde la recarga pública en AC se ha convertido en la base del sistema.