Hace tiempo que Europa anunció que iba a protegerse de la industria del automóvil China. Estableció aranceles para sus coches, especialmente para los eléctricos, a los que consideraba competencia desleal al estar subvencionados por el estado, pero la tensión comercial entre ambas regiones no ha hecho sino seguir creciendo desde entonces. La Unión Europea presentó hace no mucho el denominado como “Industrial Accelerator Act”, también conocido como iniciativa “Made in Europe”, un proyecto legislativo por el que busca reforzar la autonomía industrial del bloque comunitario y reducir su dependencia de terceros países, algo que no ha sentado nada bien a China.
El núcleo de la propuesta pasa por introducir requisitos de contenido local para que las empresas puedan acceder a ayudas públicas y contratos en sectores clave, entre ellos el del automóvil. En algunos casos, estos umbrales son especialmente exigentes, como el requisito de que hasta un 70 % de los componentes de los vehículos eléctricos provengan de la Unión Europea. La idea tras esto es recuperar el peso de la manufactura en la economía del continente, que se ha diluido en los últimos años en favor de cadenas de suministro externas.
China no está de acuerdo
Sin embargo, la reacción de China no se ha hecho esperar. El Ministerio de Comercio chino ha criticado duramente la iniciativa, calificándola de “discriminatoria” y advirtiendo de que podría constituir una barrera significativa para la inversión extranjera. Según Pekín, el proyecto vulnera principios fundamentales del comercio internacional, como el trato equitativo a empresas extranjeras, y podría perjudicar gravemente los intereses de las compañías chinas que operan o planean expandirse en Europa.
Además, el gobierno chino ha ido un paso más allá al advertir de posibles contramedidas si la legislación sigue adelante sin modificaciones. Aunque no se han detallado cuáles serían estas acciones, podrían incluir restricciones comerciales, limitaciones a exportaciones de materiales estratégicos o medidas dirigidas a empresas europeas con presencia en el mercado chino.
Uno de los puntos más controvertidos del Industrial Accelerator Act es su impacto potencial en la inversión extranjera. Desde la perspectiva china, los requisitos de contenido local, las posibles transferencias obligatorias de tecnología y las restricciones en contratación pública suponen un cambio de paradigma en la política comercial europea, tradicionalmente más abierta. Este giro hacia una mayor protección industrial refleja una tendencia global (Estados Unidos se encuentra en una posición similar) en la que grandes economías están adoptando medidas para asegurar sus cadenas de suministro y proteger sectores considerados estratégicos.
Una medida de autoprotección
Al mismo tiempo, la Unión Europea defiende que esta legislación es necesaria para garantizar su soberanía económica en un mundo cada vez más fragmentado. Circunstancias como la pandemia, las tensiones geopolíticas y la competencia en sectores como el vehículo eléctrico han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de depender en exceso de proveedores externos, especialmente en ámbitos como las materias primas críticas o las baterías, cuyo peso es cada vez mayor.
La UE busca crear una barrera de protección ante el auge de las exportaciones chinas, que en poco tiempo han posicionado al país asiático como un actor dominante en diversos sectores, especialmente en el del coche eléctrico. Esta situación ha generado preocupación en Europa, que teme una pérdida de competitividad de su industria local.
A pesar de la dureza del intercambio de declaraciones, ambas partes han dejado abierta la puerta al diálogo. China ha señalado que seguirá de cerca el proceso legislativo y ha mostrado su disposición a negociar con la Unión Europea para encontrar soluciones que eviten una escalada del conflicto.