La Unión Europea busca una respuesta común frente al endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump y a la creciente competencia de China, pero el camino hacia una estrategia de “Buy European” sigue plagado de desacuerdos. La propuesta de priorizar productos fabricados en Europa en la contratación pública y en el acceso a subvenciones comunitarias avanza entre apoyos políticos y fuertes recelos por parte de varios Estados miembros.
El impulso político al ‘Made in Europe’
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha situado el concepto de “hecho en Europa” en el centro del debate sobre competitividad y soberanía industrial. En sus últimos discursos, ha defendido que los contratos públicos, que representan en torno al 14% del PIB europeo, se conviertan en una palanca para fortalecer la industria comunitaria y proteger sectores estratégicos frente a prácticas comerciales desleales.
Este enfoque se refuerza en un contexto marcado por los nuevos aranceles impulsados por Washington y por la llegada masiva de productos chinos a precios muy competitivos, especialmente en ámbitos como la automoción, las baterías o las energías renovables.
La Ley de Aceleración Industrial, en el punto de mira
El encargado de materializar esta estrategia es el vicepresidente de la Comisión y comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, quien trabaja en la futura Ley de Aceleración Industrial. El texto, aún pendiente de presentación, plantea que el uso de fondos públicos europeos esté vinculado a la producción y al empleo dentro del territorio comunitario.
Entre las medidas que se barajan figura la exigencia de que una parte significativa de los componentes se fabrique en Europa para acceder a ayudas públicas, así como la obligación de que las inversiones extranjeras incluyan transferencia de tecnología y contratación de trabajadores locales. Así lo ha descrito en una carta que se ha publicado en distintos medios europeos.
Apoyos firmes y temores crecientes
Francia se sitúa entre los principales defensores del “Buy European”. El presidente Emmanuel Macron considera que la preferencia europea es clave para reforzar la autonomía estratégica del bloque, incluso en ámbitos como la industria de defensa, donde París aboga por priorizar proveedores comunitarios.
Sin embargo, varios países de menor tamaño han expresado su preocupación. Un grupo de nueve Estados miembros ha advertido de que una aplicación rígida de la preferencia europea podría reducir la competencia, elevar los precios y perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, que dependen de componentes importados para mantener su competitividad.
Alemania y el dilema de la cadena de suministro
Incluso Alemania ha mostrado cautela ante la iniciativa. Su potente industria exportadora, especialmente la automovilística, se apoya en cadenas de suministro altamente integradas en toda Europa y fuera de ella. Berlín teme que un exceso de requisitos complique la producción y aumente los costes, apostando en su lugar por una simplificación regulatoria.
El debate sobre el “Buy European” llega además en un momento de contradicciones para la UE, que al mismo tiempo impulsa acuerdos comerciales con países como India o Australia para diversificar socios y reducir dependencias. Conciliar una mayor protección industrial con una política comercial abierta será uno de los grandes retos de los próximos meses.