El inicio de 2026 ha traído consigo una confusión monumental en las carreteras españolas. A pesar de que el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) anunciaron públicamente un periodo de gracia y flexibilidad para adaptarse a la nueva baliza V16 conectada, la realidad a pie de asfalto está siendo muy distinta. Lo que prometía ser una transición amable para jubilar los viejos triángulos se ha convertido, para algunos conductores, en un amargo encuentro con el boletín de denuncias.
La noticia ha saltado tras conocerse las primeras sanciones impuestas a conductores que, confiados en la moratoria verbal de las autoridades, no portaban el dispositivo obligatorio o lo utilizaban de forma incorrecta. Este escenario ha generado un clima de inseguridad jurídica, ya que mientras los micrófonos oficiales pedían calma, los agentes de tráfico han comenzado a aplicar la ley vigente desde el 1 de enero, que ya no reconoce a los triángulos como sistema de preseñalización legal.
La trampa de la moratoria inexistente en el papel
El gran conflicto de esta situación reside en que la flexibilidad anunciada por el ministro Fernando Grande-Marlaska y por el presidente de la DGT, Pere Navarro, parece no plasmarse en una instrucción escrita oficial dirigida a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Al no existir una orden formal que suspenda la potestad sancionadora, los agentes se ven en la obligación técnica de denunciar si detectan que un vehículo no cumple con la normativa de seguridad.
Esta falta de coherencia entre el discurso político y la realidad administrativa ha dejado a los ciudadanos en una posición vulnerable. Se les pidió adaptación, pero se les está exigiendo cumplimiento estricto bajo amenaza de sanción económica. Es aquí donde las consultoras jurídicas y los expertos en defensa del conductor han alzado la voz, detectando una vía clara para tumbar estas multas.
Cómo recurrir apelando a la confianza legítima
Si has sido uno de los afectados por estas primeras denuncias, no todo está perdido. Los juristas coinciden en que existe un argumento de peso para invalidar estas multas: el principio de confianza legítima. Este concepto jurídico protege al ciudadano cuando la Administración realiza actos o anuncios públicos que generan una expectativa razonable de comportamiento.
Al haber anunciado el Gobierno que no se multaría durante un periodo razonable, el ciudadano tiene derecho a confiar en esa palabra oficial. Para recurrir con éxito, se recomienda seguir estos pasos:
- Identificar la sanción: Comprobar si el motivo es la falta de la baliza o su mal uso.
- Alegar el anuncio oficial: Incluir en el recurso las declaraciones públicas de Interior sobre la moratoria.
- Citar el principio de proporcionalidad: Argumentar que la sanción es excesiva en un periodo transitorio anunciado como informativo.
El coste del despiste y los riesgos adicionales
No llevar la baliza V16 conectada o no utilizarla cuando el vehículo está inmovilizado conlleva una multa administrativa que suele rondar los 80 euros, equiparable a la que existía antiguamente por no llevar los triángulos. Sin embargo, la casuística está siendo variada. En algunos casos, las sanciones pueden llegar a ser de hasta 200 euros si el agente considera que la señalización defectuosa ha generado un riesgo grave para la circulación.
Además de la multa económica, existe otro riesgo que preocupa a los conductores: las coberturas de los seguros. Si se produce un siniestro en la vía y el vehículo no está correctamente señalizado con el dispositivo legal, algunas compañías podrían poner dificultades a la hora de tramitar las indemnizaciones o aplicar las coberturas de asistencia, alegando una negligencia por parte del usuario al no cumplir con el Reglamento General de Vehículos.