El conflicto en Oriente Medio y la escalada de tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel ya está teniendo consecuencias directas en el bolsillo de millones de conductores españoles. Según los nuevos datos del observatorio de beneficios petroleros de T&E, las refinerías y las empresas distribuidoras de combustibles podrían obtener este año hasta 3.800 millones de euros en beneficios extraordinarios en España gracias al aumento de los precios del petróleo y de los carburantes.
Las estimaciones apuntan a que las compañías petroleras ya han acumulado cerca de 800 millones de euros en beneficios extraordinarios desde el inicio de la guerra. El encarecimiento del crudo en los mercados internacionales ha provocado una rápida subida de los precios en las estaciones de servicio españolas, aumentando el coste de movilidad para todo aquel que tenga un vehículo de combustión.
Mayor precio, mayores márgenes
Desde el comienzo del conflicto, el precio medio del gasóleo en España alcanzó los 1,79 euros por litro, mientras que la gasolina llegó a situarse en torno a 1,58 euros por litro. Esta subida ha tenido un impacto inmediato sobre los consumidores. Llenar un depósito de 55 litros de diésel llegó a costar más de 21 euros adicionales respecto a los precios anteriores a la crisis geopolítica.
De acuerdo al informe, de cada litro de gasóleo vendido tras el inicio del conflicto, 39 céntimos adicionales fueron a parar a las empresas petroleras. En el caso de la gasolina, las compañías obtuvieron 28 céntimos extra por litro. Para T&E, estas cifras evidencian que el sector energético continúa beneficiándose de la dependencia europea de los combustibles fósiles y de la volatilidad de los mercados internacionales.
La directora de T&E en España, Isabell Büschel, ha declarado: “Semana tras semana vemos cómo aumentan los beneficios extraordinarios de las petroleras. Las petroleras tienen todos los incentivos para mantener a Europa dependiente de los combustibles fósiles, ya que son ellas las que se benefician de las subidas de precios”.
“El Gobierno español debe tomar la iniciativa para establecer un impuesto estatal sobre estos beneficios extraordinarios y presionar a la UE para que lo haga a nivel comunitario. Los ingresos deberían ayudar a financiar las ayudas gubernamentales existentes para los hogares vulnerables y su plan de electrificación, al tiempo que alivian la creciente presión sobre las finanzas públicas causada por la guerra en Irán”, añadía.
Un impuesto extraordinario
Es por eso que la organización reclama ahora una respuesta política tanto del Gobierno español como de la Unión Europea. Entre sus propuestas destaca la creación de un impuesto estatal sobre los beneficios extraordinarios de las grandes petroleras, acompañado de una iniciativa similar a nivel comunitario. Según las previsiones del observatorio, si los márgenes actuales se mantienen durante el resto del año, las refinerías y distribuidoras podrían alcanzar unos beneficios extraordinarios de 24.000 millones de euros en toda la Unión Europea.
De hacerse realidad, no sería la primera vez que Bruselas aplica una medida de este tipo. En 2022, la Unión Europea aprobó un gravamen temporal del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles. Se consideraban beneficios extraordinarios aquellos que superaban en más de un 20 % la media obtenida entre 2018 y 2021. Aquella medida permitió recaudar alrededor de 28.000 millones de euros entre 2022 y 2023. Sin embargo, diversos estudios económicos señalaron limitaciones en el sistema, especialmente por la capacidad de las multinacionales para redistribuir beneficios entre distintos mercados y reducir así la carga fiscal efectiva.
Por ello, un total de 31 ONG europeas, entre ellas Oxfam, WWF, CAN Europe y Transport & Environment, han solicitado a la Unión Europea que reactive un impuesto sobre los beneficios extraordinarios del petróleo.