La tensión comercial entre China y la Unión Europea todavía se mantiene, pero con la confirmación de los aranceles a los coches eléctricos chinos se vivió una curiosa fase que demuestra el control que tiene Pekín sobre los fabricantes de automóviles locales. Tras la decisión comunitaria a finales del año 2024 de mantener durante cinco años las nuevas tasas de importación adicionales a los vehículos eléctricos procedentes del gigante asiático, el Gobierno de China pidió que paralizasen las inversiones en aquellos países europeos que respaldasen estas medidas.
El objetivo era aumentar la presión sobre Bruselas para alcanzar un acuerdo alternativo que sustituya los actuales recargos por un sistema de precios mínimos.
Aranceles de hasta el 35,3 % y desacuerdo sobre el precio mínimo
La Comisión Europea aprobó aranceles adicionales que pueden alcanzar el 35,3% para determinados fabricantes, como el grupo SAIC (matriz de MG), mientras que otras compañías afrontan tasas menores, como el 7,8 % aplicado a los modelos de Tesla fabricados en China.
Desde Bruselas se argumenta que estas medidas buscan contrarrestar las subvenciones estatales que reciben los fabricantes chinos y que, según la UE, distorsionan la competencia en el mercado europeo. De hecho, que China apoye con firmeza a sus fabricantes de coches es lo que le permite tener un gran control sobre estos.
Pekín lleva tiempo proponiendo una alternativa: retirar los aranceles a cambio de fijar un precio mínimo de venta para los coches eléctricos chinos en Europa. China siempre ha planteado un umbral en torno a los 30.000 euros, mientras que la UE defendería una horquilla más elevada, situada entre 35.000 y 40.000 euros. La falta de consenso hasta hoy ha bloqueado cualquier acuerdo, pese a que recientemente se habló de nuevas negociaciones cercanas al consenso.
Hubo inversiones en juego en el mercado europeo
La advertencia de paralizar inversiones buscaba dañar a varios países europeos. En los últimos años, fabricantes como BYD, Geely, Xpeng o MG han anunciado proyectos industriales en distintos puntos del continente, con planes para levantar fábricas y centros logísticos que generen miles de empleos.
La posible congelación de estos proyectos obligó a los Estados miembros a posicionarse de forma más clara. En aquella votación europea de noviembre de 2024 que aprobó los aranceles, sólo cinco países se opusieron, mientras que doce optaron por la abstención. Francia e Italia apoyaron las nuevas tasas, mientras que Alemania y Hungría votaron en contra. España, por su parte, se habría abstenido, en un contexto marcado por sus relaciones comerciales con China.
Otras represalias comerciales
La medida se sumó a otras respuestas comerciales adoptadas por China durante meses. Pekín ha revisó o anunció incrementos arancelarios sobre productos europeos como el brandy, los lácteos, determinados vehículos de gran cilindrada y productos vinculados a la industria porcina.
El pulso comercial refleja la creciente competencia estratégica en el sector del automóvil eléctrico, un mercado clave para la transición energética y para la industria europea. Mientras Bruselas busca proteger a sus fabricantes, China intenta mantener su expansión internacional en uno de sus sectores más dinámicos.
Por el momento, el desenlace sigue abierto. Las negociaciones continúan, pero la advertencia de frenar inversiones introdujo un nuevo elemento de presión que demuestra el poder de China sobre sus marcas y fabricantes.