Si 100 de las 300 balizas V16 homologadas en España son de una red china investigada por fraudes y estafas, algo falla en la gestión de la DGT

Un tercio de los dispositivos luminosos V16 autorizados por la DGT están vinculados a una empresa relacionada con miles de sociedades fantasma investigadas por presuntos delitos financieros.

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Otro problema más asociado a las balizas V16 obligatorias en España.
28/01/2026 09:30
Actualizado a 28/01/2026 09:30

La implantación obligatoria de las balizas V16 como sustituto definitivo de los triángulos de emergencia vuelve a situarse en el centro de la polémica. A las dudas sobre plazos, sanciones y funcionamiento real de estos dispositivos conectados se suma ahora una cuestión aún más delicada: una sola empresa vinculada a una red internacional de sociedades fantasma concentra cerca de un tercio de las homologaciones concedidas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según la información recogida por The Objetive, alrededor de 100 de los 300 modelos de balizas V16 homologados están asociados a Limburg Technology Limited, una sociedad registrada en Reino Unido en 2022 con un capital social reducido y sin presencia operativa conocida en España. Pese a ello, se ha convertido en la empresa con mayor número de autorizaciones dentro de un proceso administrativo que afecta potencialmente a más de 34 millones de conductores.

Un intermediario sin estructura ni actividad visible

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Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico.

Limburg Technology no fabrica ni comercializa directamente las balizas. Su función se limita a actuar como intermediario administrativo, obteniendo la homologación para que otras empresas, principalmente españolas, puedan vender los dispositivos bajo su paraguas legal. La producción de todas estas balizas se concentra en una misma fábrica ubicada en la provincia china de Zhejiang.

La compañía tampoco dispone de oficinas reales en España ni de personal conocido. Durante parte del proceso de homologación, su sede social figuraba en un pequeño inmueble de Brighton (Reino Unido), una dirección que ha levantado sospechas en varios países europeos.

Miles de empresas registradas en una misma dirección

Ese domicilio no es un caso aislado. En el mismo local llegaron a registrarse más de 9.000 sociedades, muchas de ellas creadas por Yumma Tianlong International Consulting, un conglomerado chino especializado en la constitución de empresas instrumentales. Esta red ha sido señalada en distintos países por su presunta relación con tramas de blanqueo de capitales, estafas financieras y fraudes vinculados a criptomonedas.

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Hay claramente un problema en la gestión realizada por la DGT.

Aunque oficialmente Yumma Tianlong se desvinculó de Limburg Technology un año después de su creación, distintos registros mercantiles y patrones societarios apuntan a que el control efectivo podría haberse mantenido de forma indirecta.

Advertencias ignoradas y homologaciones en curso

Las autoridades británicas advirtieron en 2024 a Limburg Technology por irregularidades en su domicilio social y exigieron su traslado a Manchester. Pese a ello, la DGT continuó concediendo homologaciones durante ese periodo, algunas aún asociadas a la antigua dirección.

La supuesta nueva sede en Manchester tampoco refleja actividad real. Se trata de un vivero de empresas que funciona, en la práctica, como buzón postal para cientos de sociedades, muchas de ellas sin estructura ni empleados.

Actualmente, el Gobierno británico ha iniciado un procedimiento para disolver Limburg Technology por inactividad, calificándola como una “propuesta activa de eliminación”.

Un mercado millonario creado por decreto

La obligatoriedad de las balizas V16 ha generado de forma inmediata un mercado cautivo multimillonario, impulsado directamente por una decisión regulatoria. Aunque algunas empresas españolas con trayectoria en seguridad vial participan en este negocio, buena parte de las licencias ha recaído en sociedades creadas expresamente para explotar esta oportunidad.

El caso vuelve a poner en cuestión los criterios de control, supervisión y diligencia aplicados en los procesos de homologación administrativa, especialmente cuando afectan de forma masiva a los ciudadanos.