El pasado 8 de octubre el Congreso de los Diputados aprobó, por fin, la Ley de Movilidad Sostenible. Un hito histórico que permite a España dar otro paso hacia la descarbonización del sector transporte, uno de los más contaminantes y con mayor tasa de consumo de combustibles fósiles, representando el 33% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de España.
Quizá, la sensación de euforia que ha traído la convalidación del proyecto legislativo tiene mucho que ver con el duro y largo camino que se ha recorrido. Y es que, tenemos que retrotraernos hasta 2022 para analizar el primer borrador que, tras el adelanto electoral de 2023, quedó en el cajón parlamentario.
Desde entonces, la sociedad civil ha trabajado, casi de manera unísona y coordinada, para conseguir un texto lo más ambicioso posible, teniendo en cuenta las tensiones parlamentarias, que permitiera mitigar los impactos del sector más contaminante de la economía española.
Pero, ¿por qué celebrar? ¿Cumple esta norma con la urgencia que requiere la emergencia climática? ¿Supone realmente un cambio sin precedentes para el sector movilidad-transporte? ¿Se ha conseguido mejorar el texto respecto al primer borrador? Sin duda, la ley aprobada por el Congreso no se puede catalogar como un elemento agitador y revolucionario que vaya a transformar, de un día para otro, nuestra forma de movernos y transportar bienes; pero, sí guarda pequeñas transformaciones que deben servir para seguir empujando hacia nuevos cambios para evolucionar hasta cambiar radicalmente, en un futuro cercano, la forma en la que nos movemos.
Algunos mootivos para la celebración
El primer motivo para celebrar es que España cumple, de esta forma, con su propia legislación. Cabe recordar que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, recogía la obligación de presentar una Ley de Movilidad Sostenible dirigida a acelerar la descarbonización del sector.
Por primera vez, se fijan objetivos de descarbonización total para un sector económico en particular, ya que el articulado aprobado por las Cortes contempla un horizonte de neutralidad climática para 2050. Ahora queda, eso sí, ejecutar políticas, dar incentivos y modificar comportamientos que nos permitan llegar cuanto antes a ese horizonte.
Otro motivo para celebrar la aprobación de la ley es la incorporación de mejoras que elevan el compromiso climático respecto al primer borrador de 2022. El trabajo de decenas de organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones, entre los que se encuentra la Fundación Renovables, ha permitido que los grupos parlamentarios acordaran incluir enmiendas importantes que agregan a esta ley un componente de equidad y justicia climática.
Algunas medidas clave para la descarbonización
La obligación para las empresas con más de 200 empleados de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo; la creación de una estrategia estatal contra la pobreza en el transporte; la revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT; la eliminación del gas natural licuado como combustible prioritario para el transporte marítimo; el fin de los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta dos horas y media; la elaboración de una estrategia estatal para impulsar el uso de bicicleta o la inclusión de la movilidad infantil en la planificación urbana, son algunas de las reformas que se han logrado incluir y que, sin revolucionar de manera importante nuestro día a día, supondrán un avance significativo que permitirá avanzar hacia el horizonte de un transporte sostenible, justo y equitativo.
Esta ley es un primer punto de partida. Es, al fin y al cabo, la primera ley española destinada a electrificar el transporte y a sacar de la vida pública y económica la movilidad basada en combustibles fósiles a la que llevamos ligados más de un siglo. Esa es la magnitud del reto al que nos enfrentamos. No en vano, resulta incomprensible que, a estas alturas de la contienda –con el cambio climático acechando y una década después de la firma del Acuerdo de París– España no haya sido capaz de tejer un compromiso político destinado a avanzar hacia la movilidad sostenible.
Por eso, esta nueva legislación –que llega rezagada– debe servir para que el Gobierno y el resto de las instituciones sigan profundizando y desarrollando todos aquellos elementos que España debe consolidar para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 y, sobre todo, hacerlo de una manera justa y sin dejar a nadie atrás.