Santiago Niño Becerra, el economista conocido por sus análisis directos sobre la realidad económica española, ha celebrado la decisión política que obliga a propietarios de patinetes y bicicletas a contratar un seguro de responsabilidad civil. "Es lógico, lo habíamos comentado", afirmó el experto en redes sociales, en un posicionamiento que vuelve a situar sobre la mesa las normas que regulan la micromovilidad en las ciudades.
La medida, aprobada en la modificación de la Ley de Seguros de Automóviles, establece la obligatoriedad del seguro para los vehículos de movilidad personal (VMP) y fija su entrada en vigor para enero de 2026. Junto a ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha un registro de propietarios, un paso que pretende facilitar la gestión administrativa y la respuesta ante siniestros.
Santiago Niño Becerra va más allá
Niño Becerra fue más allá del seguro. Propone que bicicletas, patinetes y otros VMP lleven una placa con matrícula de lectura clara y tamaño suficiente para su identificación rápida por parte de las autoridades en caso de accidente. La iniciativa, según el economista, facilitaría las investigaciones y contribuiría a una mayor responsabilidad por parte de los usuarios. Sin embargo, la última redacción aprobada por el Congreso no incorpora la obligación expresa de que la identificación sea visible tal y como la plantea el experto.
El debate público sobre la micromovilidad, que ha ganado protagonismo en los últimos años, combina argumentos de seguridad, convivencia urbana y libertad de elección. Para algunos ciudadanos, el seguro es una garantía necesaria; para otros, una traba administrativa. Entre quienes respaldan la propuesta de Niño Becerra se cuenta un buen número de seguidores en redes, mientras que parte de la opinión pública cuestiona si la normativa será cumplida de forma generalizada sin un control eficaz.
Aunque las líneas maestras están fijadas, quedan por definir aspectos prácticos. Por eso, el Gobierno ha decidido crear una comisión encargada de redactar el reglamento que desarrollará la norma. La DGT, por su parte, ha avanzado ya en la clasificación de los VMP y en la regulación de los espacios donde pueden circular, una labor que busca ordenar un escenario de uso masivo y diverso.
La entrada en vigor del seguro obligatorio plantea, además, consecuencias prácticas para la movilidad urbana. Desde el punto de vista de la seguridad vial, una cobertura de responsabilidad civil reduce la carga económica derivada de daños a terceros. Administrativamente, el registro de propietarios permite localizar responsables tras un incidente, siempre que los procedimientos respeten las garantías de protección de datos y no compliquen en exceso el acceso a la micromovilidad.
En clave económica, la medida puede acelerar la profesionalización del sector: talleres, aseguradoras y plataformas de alquiler deberán adaptarse a la nueva realidad regulatoria. También abre la puerta a productos aseguradores específicos para bicicletas y patinetes eléctricos, con primas y coberturas ajustadas a la naturaleza de estos vehículos.
No es la primera vez que Niño Becerra se pronuncia sobre la cuestión. En octubre de 2023 ya expresó su extrañeza por la ausencia de matrícula y seguro obligatorio para estos medios de transporte: preguntas como "¿por qué las bicicletas y patinetes no han de llevar matrícula?" marcaron su discurso previo, que hoy encuentra respuesta parcial en la nueva norma.
Quedan, no obstante, asuntos por resolver en el proceso de desarrollo reglamentario: el formato y colocación de la identificación, los requisitos técnicos del seguro, el coste para los usuarios y los mecanismos de control. La eficacia final de la medida dependerá tanto de su redacción como de su implementación práctica en calles y plazas.
La llegada del seguro y del registro en enero de 2026 marca un antes y un después, pero será la reglamentación concreta y la convivencia ciudadana las que determinen si la micromovilidad evoluciona de forma ordenada y compatible con el impulso de la movilidad eléctrica.