Tenemos claro que la sostenibilidad es la meta que hay que lograr no solo en nuestro país, sino en el planeta en su conjunto: todos debemos tender hacia un camino de cuidado del medio ambiente con el objetivo de que tanto las generaciones presentes como las futuras cuenten con un entorno y una calidad de vida más amables, independientemente de su lugar de residencia.
Desde Neutral in Motion abogamos por la libertad de movimiento de los ciudadanos, marcada por una movilidad limpia y que consiga situarse en los objetivos fijados en el horizonte de 2030 y 2050, fecha esta última para la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y que, hasta entonces, requerirá de la disminución en un 90% de las emisiones brutas totales de dichos gases. Un proceso en el que la ciudadanía tiene que estar en el centro de su diseño, ya que sus derechos en cuestiones de movilidad pueden quedar en entredicho si no se realiza de una manera óptima.
Es esencial que se siga con la agenda marcada para la supresión de la contaminación, especialmente la procedente del transporte por carretera, responsable del 26,8% del total de estas emisiones. Una realidad que tiene que estar centrada en la responsabilidad de todos los actores implicados: Administraciones Públicas, fabricantes de vehículos, vendedores y ciudadanía.
La Administración debe actuar como una palanca real de cambio, transformándose en un actor estratégico en materia de divulgación con respecto a la sociedad. Además, es fundamental que desde los poderes públicos establezcan una serie de medidas de apoyo para lograr rejuvenecer el parque automovilístico que supera los 14 años de media, según los datos existentes. Estas mismas cifras apuntan que un vehículo con una antigüedad superior a los 20 años contamina más que cinco nuevos, que, equipados con la última tecnología, son más eficientes y menos contaminantes, una realidad que permite mejorar la calidad del aire, logrando que se alcance el objetivo propuesto desde la Unión Europea.
En la actualidad, la ciudadanía se encuentra abocada a la sustitución de sus vehículos en favor de opciones menos contaminantes -como pueden ser los eléctricos a batería, híbridos enchufables o híbridos, sin olvidar, por supuesto, a los vehículos nuevos de combustión (que también despuntan en sus últimas funcionalidades por un claro compromiso sostenible)-, en un contexto socioeconómico en el que muchas familias no pueden adquirir un coche nuevo.
Pasos a seguir para alcanzar el objetivo
Es necesario un impulso público y privado que permita continuar las inversiones en I+D+i que logren unas soluciones más eficientes y asequibles y que garanticen la libertad de elección de los ciudadanos para alcanzar la meta de las cero emisiones en el transporte por carretera. Sin olvidar la protección que hay que otorgar a la industria de la automoción, fundamental en nuestro país, que emplea a dos millones de personas, en un sector que supone el 10% del PIB nacional.
Hay que poner énfasis también en la pequeña y mediana empresa española en la ruta hacia la digitalización y la descarbonización, ya que las firmas con menos recursos económicos son las que mayores dificultades atraviesan para cumplir con la legislación en esta materia, por, entre otros motivo, el alto coste que tienen que afrontar en la renovación de sus vehículos, para cumplir con las normativas medioambientales.
Uno de los temas que más debate ha generado últimamente, y que influye directamente en la decisión de muchos conductores a la hora de cambiar sus hábitos de compra de vehículos con motor de combustión, es el desarrollo de la infraestructura necesaria para las nuevas fuentes de energía.
Destaca el alto nivel de desinformación que existe sobre la red de estaciones de recarga eléctrica de acceso público. Los operadores de puntos de carga han realizado en España una enorme inversión económica y tecnológica para el despliegue de una red de infraestructuras de recarga pública que supera los 43.500 puntos, más que suficiente para las necesidades del parque actual, pero tienen que mejorar en su señalización para los que no son usuarios de vehículos eléctricos.
Esta desinformación y los falsos mitos que circulan en redes sociales están distorsionando la realidad de la movilidad eléctrica, influyendo en la visión que tienen los ciudadanos. Aquí se echa en falta un papel más activo de las Administraciones Públicas.
En tercer lugar, para alcanzar la neutralidad tecnológica es fundamental que las normas estén unificadas en todos los niveles de la Administración. Es decir, se necesitan políticas coordinadas, desde las instituciones europeas hasta los ayuntamientos, para evitar la confusión que provocan las diferencias normativas. Estas contradicciones no solo dificultan la elección de un vehículo más respetuoso con el medio ambiente, sino que también complican la circulación por distintas ciudades españolas, donde los conductores deben adaptarse a un abanico muy diverso de normativas locales, según lo que haya establecido cada ayuntamiento.
Horizonte de futuro
La Unión Europea ha fijado para el 1 de enero de 2029 la fecha límite para presentar las próximas estrategias nacionales en esta materia, que deberán renovarse cada diez años e incluirán las diversas actuaciones a seguir en cada país para cumplir con los objetivos conjuntos fijados a nivel europeo.
Unas propuestas que, no debemos olvidar, deben estar enfocadas a garantizar la libertad de movimiento de las personas -incluido el vehículo privado, al que no debemos demonizar- y que cuenten con la oportunidad que ofrecen las diversas tecnologías: desde el coche eléctrico, pasando por los vehículos híbridos o los biocombustibles sostenibles que emplean bioetanol, biodiésel, biometano o hidrógeno, para que los conductores puedan escoger así entre la tecnología que más se adapta a sus necesidades actuales o de futuro.