El denominado “paquete automovilístico” de la Unión Europea, una de las iniciativas clave para definir el futuro del sector en plena transición hacia la movilidad eléctrica, podría sufrir retrasos importantes en su tramitación. Aunque inicialmente estaba previsto avanzar con mayor rapidez, las negociaciones en Bruselas se están mostrando más complejas de lo esperado, hasta el punto de que un acuerdo definitivo podría posponerse hasta septiembre de 2026.
Este paquete, presentado por la Comisión Europea a finales de 2025, tiene como objetivo adaptar la normativa del automóvil a un contexto industrial cada vez más competitivo, en el que la presión de fabricantes internacionales es cada vez mayor y el avance de la electrificación parece imparable. Entre sus medidas más relevantes se encuentra la revisión de los objetivos de emisiones de CO2 para coches y furgonetas, que hasta ahora contemplaban la prohibición total de vender vehículos nuevos con emisiones a partir de 2035.
Sin embargo, la propuesta introduce cambios significativos que podrían suavizar esta meta. En concreto, se abre la puerta a que determinados vehículos con motor de combustión interna o híbridos sigan comercializándose después de 2035, siempre que compensen completamente sus emisiones mediante soluciones como combustibles sintéticos (e-fuels) o materiales industriales de baja huella de carbono. Esta posibilidad refleja un giro hacia una mayor “neutralidad tecnológica”, en la que no solo los coches eléctricos tendrían cabida en el futuro del mercado europeo, algo que los fabricantes llevan meses demandando.
Unas negociaciones en punto muerto
El problema radica en que las negociaciones políticas en torno a este planteamiento están siendo complejas. Algunos estados miembros, con Alemania a la cabeza, presionan para introducir mayor flexibilidad en la normativa. Entre sus propuestas figuran requisitos menos estrictos para los híbridos enchufables, ajustes en los mecanismos de compensación de emisiones y el reconocimiento de los motores de combustión alimentados por e-fuels como tecnologías de cero emisiones. Estas posiciones están influyendo en el debate dentro del Parlamento Europeo, donde se busca un equilibrio que logre el apoyo de las principales familias políticas, pero también hay naciones que están en contra de flexibilizar la norma que ya está establecida.
El resultado es que el proceso legislativo sigue abierto. Si las instituciones europeas no logran acordar una versión final del paquete, se mantendría la legislación actual, que establece el objetivo de emisiones cero para todos los vehículos nuevos a partir de 2035. Esto añade presión a las negociaciones, ya que las decisiones que se adopten tendrán un impacto directo tanto en la industria como en los consumidores.
Jens Gieseke, eurodiputado alemán de CDU, ha hablado a Automobilwoche sobre al urgencia que hay, ya que “dadas las numerosas campañas electorales de 2027, debemos resolver esto este año. Se puede llegar a un acuerdo sobre el paquete en el centro de la cámara, pero el S&D también debe hacer su parte”.
Tiemo Wölken, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo por los socialdemócratas, añade que “dada la postura del gobierno alemán, existe un riesgo real de que una minoría bloqueante en el Consejo de la UE se oponga a cualquier ajuste en los límites de la flota, y entonces todo seguiría igual”.
Mejorar la competitividad de la industria automovilística europea
Más allá del debate sobre el motor de combustión, el paquete también incluye medidas para reforzar la competitividad del sector europeo. Entre ellas destacan incentivos para la producción de baterías, apoyo a la electrificación de flotas corporativas y la introducción de mecanismos como los “supercréditos” para vehículos eléctricos pequeños fabricados en Europa. El objetivo es dar margen a los fabricantes europeos frente a la creciente competencia, especialmente de marcas chinas, que ya están ganando cuota de mercado gracias a precios más competitivos.
En paralelo, el llamado “automotive omnibus” busca simplificar el marco regulatorio, reduciendo la carga administrativa y armonizando diferentes normativas técnicas. Esto incluye desde ajustes en la homologación de vehículos hasta nuevas definiciones legales para coches eléctricos pequeños o requisitos de interoperabilidad con infraestructuras de recarga.