La Unión Europea avanza en la creación de un certificado obligatorio de vida útil que deberán obtener todos los conductores que quieran vender un vehículo de segunda mano. La medida, aún en fase inicial, pretende frenar los fraudes en la compraventa de usados, retirar de la circulación automóviles en mal estado y reducir la antigüedad del parque automovilístico europeo. Pero en España, la propuesta ya ha generado una fuerte división entre ITV, talleres y asociaciones de consumidores.
El objetivo de Bruselas es claro: garantizar que cualquier coche que cambie de manos mantenga un nivel mínimo de seguridad y emisiones. El certificado podría emitirse tanto en estaciones de ITV como en talleres autorizados, lo que ha encendido las alarmas del sector. Para lograr la venta, el propietario deberá adjuntar este documento junto al contrato, indicando si el vehículo es apto para seguir circulando o si su vida útil está próxima al final, incluso aunque siga funcionando aparentemente bien.
Los centros de ITV no quieren que los talleres participen
Sin embargo, la posibilidad de que los talleres puedan emitir este informe ha sido recibida con un rechazo frontal por parte de las ITV. José Francisco Puche, presidente de la Asociación Empresarial de ITV en la Región de Murcia advierte de un “conflicto de intereses evidente”: “La normativa actual prohíbe que las ITV reparen vehículos para no ser juez y parte. Por la misma lógica, quienes reparan coches no deberían decidir qué partes están bien o mal en un certificado oficial”. Defiende, además, que las estaciones de inspección cuentan con la maquinaria necesaria y décadas de experiencia en evaluaciones técnicas.
Los talleres, por su parte, tampoco ven clara su participación. José de la Cruz, presidente de Gretamur (Gremio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles de Murcia), reconoce que “extrañaría mucho” que finalmente sean habilitados para emitir el documento. Y alerta de un impacto social importante: en regiones como Murcia, donde la antigüedad media supera los 15 años, muchos conductores con menos recursos dependen del mercado de ocasión. “Si se impone este certificado sin ayudas, habrá personas que simplemente no podrán permitirse un coche en buen estado”, advierte.
Los consumidores también pueden salir perjudicados
Las asociaciones de consumidores también se muestran preocupadas. Desde Consumur (Asociación de Consumidores y Usuarios en Red en Murcia), su presidente, Roberto Barceló, alerta de que otorgar a los talleres esta responsabilidad podría aumentar los fraudes: “La mayoría de conductores no tiene conocimientos mecánicos y debe confiar plenamente en lo que el profesional les diga. En un sector con un alto porcentaje de denuncias, esto podría generar más desconfianza”.
Como alternativa, las ITV proponen que, en caso de no ser ellas las únicas habilitadas, entren en juego peritos independientes, ajenos tanto a talleres como a estaciones, para garantizar imparcialidad.
Aunque aún no se sabe si el certificado será obligatorio entre particulares, profesionales o ambos, en Bruselas trabajan para que el documento esté listo en los próximos años. Lo que sí está claro es que la medida marcará un antes y un después en la compraventa de coches usados en España, especialmente en regiones con un parque más envejecido como Murcia y otras comunidades españolas, donde más del 50% de los vehículos superan ya los 15 años.