Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz de Vox en el Congreso, hoy alejado de la primera línea política y dedicado de nuevo a la empresa privada, ha abierto un nuevo frente contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid. En un mensaje difundido en su cuenta de X (antes Twitter), sostiene que el Ayuntamiento “no puede cobrar el impuesto de circulación a los 300.000 madrileños que no podrán usar su coche” cuando entren en vigor plenamente las restricciones a los vehículos sin distintivo ambiental.
En ese hilo, Espinosa introduce lo que él mismo define como “una curiosidad”: “Me imagino que, al Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido la ocurrencia de fastidiar a 300.000 madrileños prohibiéndoles circular desde el 1 de enero… no se le ocurrirá cobrarles el impuesto de circulación, ¿verdad?”, ha publicado.
Una ZBE que puede costar 45 millones de euros
Espinosa continúa y califica la medida de “innecesaria”, y asegura que va “en contra de las promesas electorales” con las que el PP llegó al gobierno municipal y cifra en “casi 45 millones de euros” la caída de ingresos si el Consistorio renunciara a cobrar el tributo a esos vehículos (300.000 coches por 149 euros de media, según su cálculo). Remata con una pregunta retórica: “¿Está el Ayuntamiento de Madrid en condiciones de renunciar a 45 millones de euros por una medida tan caprichosa?”, y sugiere que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida “está aún a tiempo de rectificar”.
Para entender el alcance de esta crítica conviene recordar cómo funciona la ZBE de Madrid. Desde el 1 de enero de 2025, todas las vías urbanas del municipio forman parte de una Zona de Bajas Emisiones permanente. La norma prohíbe el acceso y la circulación de los vehículos con clasificación ambiental A (los más antiguos y contaminantes, sin etiqueta de la DGT) dentro de todo el término municipal. No obstante, el Ayuntamiento ha establecido durante todo 2025 un periodo de “aviso” de 12 meses para determinados turismos sin etiqueta domiciliados en Madrid, ya que las cámaras registran las entradas y los titulares reciben una carta informativa, pero no multa. Ya a partir del 1 de enero de 2026, los accesos no autorizados empezarán a sancionarse con 200 euros, de acuerdo con la Ley de Tráfico.
Un estudio de la entidad Dvuelta cifra en algo más de 300.000 los vehículos sin etiqueta que siguen matriculados en la capital. Sustituir esa flota por coches más modernos supondría, según sus estimaciones, un coste agregado de entre 6.000 y 9.000 millones de euros para los hogares madrileños, en función del tipo de vehículo que eligieran como relevo.
La implantación de zonas de bajas emisiones no es una ocurrencia exclusiva del Ayuntamiento de Madrid. La Ley 7/2021 de cambio climático obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes (y a ciertos de más de 20.000) a contar con una ZBE estable para reducir la contaminación y cumplir los límites de dióxido de nitrógeno fijados por la normativa europea y estatal sobre calidad del aire. Madrid fue pionera en España con “Madrid Central” y, tras la llegada de Almeida a la alcaldía, el esquema se ha reformulado bajo la marca Madrid 360 y la actual ZBE municipal, manteniendo y extendiendo en la práctica las restricciones a los vehículos más contaminantes.
La otra pata del debate que plantea Espinosa es el llamado “impuesto de circulación”. Técnicamente se trata del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), un tributo municipal regulado por el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. No grava el uso diario del coche ni por dónde se circula, sino la titularidad de un vehículo apto para circular que está de alta en el registro municipal. Son los ayuntamientos quienes fijan las cuantías dentro de unos mínimos estatales y quienes deciden las bonificaciones o exenciones.
En Madrid, las tarifas para 2025 en turismos oscilan entre 20 y 224 euros al año según la potencia fiscal: 20 euros para menos de 8 caballos fiscales; 59 euros entre 8 y 11,99; 129 euros entre 12 y 15,99; 179 euros entre 16 y 19,99; y 224 euros para 20 caballos fiscales o más. Existen bonificaciones de hasta el 75% para vehículos eléctricos, híbridos enchufables e híbridos convencionales, especialmente durante los primeros años, pero no hay, en la tabla de tarifas, una exención automática ligada a las restricciones de la ZBE para los coches sin distintivo.
El cálculo de Espinosa de los Monteros (45 millones de euros) parte de una media de 149 euros por coche, es decir, se sitúa algo por encima del tramo de 129 euros que pagan muchos compactos y berlinas de potencia media en la capital. La cifra exacta dependería de cuántos de esos 300.000 vehículos estuvieran en cada tramo de potencia y de si disfrutan de alguna bonificación especial; en cualquier caso, el orden de magnitud sí apunta a una recaudación potencial de decenas de millones de euros solo por los coches sin etiqueta.
Desde el punto de vista jurídico, mientras un vehículo siga dado de alta y no cause baja definitiva o por robo, el Ayuntamiento está obligado a girar el recibo y solo una reforma de la ordenanza fiscal podría introducir una exención o bonificación específica para los vehículos afectados por la ZBE. Varios expertos en fiscalidad local han venido reclamando en los últimos años una revisión de este impuesto para adaptarlo mejor a criterios ambientales y de uso real del vehículo, y organizaciones de consumidores como la OCU lo consideran un tributo “desfasado” en su diseño.